En el ámbito de la salud, uno de los principales objetivos de la norma, lograda por organizaciones, es lograr avanzar en el fomento de la detección temprana del TEA.

Asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y resguardar la inclusión social de los niños, niñas, adolescentes y adultos con trastorno del espectro autista, eliminando cualquier forma de discriminación; promover un abordaje integral de dichas personas en el ámbito social, de la salud y de la educación; y concientizar a la sociedad sobre esta temática, son algunos de los principales contenidos de la recién despachada Ley marco de protección e integración de personas con trastorno del espectro autista.

El trámite de esta iniciativa concluyó esta semana en el Congreso y se espera su pronta promulgación como ley de la República. El texto legal fue enriquecido en su paso por el Senado gracias al trabajo coordinado entre la sociedad civil y las Comisiones Unidas de Educación y Cultura; Mujer y Equidad de Género y Salud.

“Las personas con trastorno del espectro autista tienen derecho a una atención de salud pertinente a sus necesidades, desde una perspectiva de derechos humanos, conforme a la normativa vigente, lo que incluye la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y los tratados internacionales suscritos por el país en la materia y que se encuentren vigentes”, comentó la senadora Yasna Provoste, presidenta de las instancias unidas, al tiempo que abogó por la pronta promulgación del texto legal y la inclusión en el GES.

Añadió que “esta ley es fundamental para miles de personas autistas, niños, niñas, adolescentes y adultos, que a través de la organización social y también de manera solitaria, han dado una larga lucha para que podamos arribar a una ley que los proteja, que los reconozca y les asegure por parte del Estado una protección para sus necesidades y anhelos”.

• Establece definiciones de conceptos como, por ejemplo, persona con TEA. Esta se entenderá como quienes presentan una diferencia o diversidad en el neurodesarrollo típico; el cual se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social, al interactuar con los diferentes entornos. Así como, también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos.
• Se reconoce la existencia de personas cuidadoras de quienes presentan TEA.
• Se dispone nuevos principios a los que deberá sujetarse el cumplimiento de esta ley: trato digno, autonomía progresiva, perspectiva de género; intersectorialidad, participación y diálogo social; detección temprana y seguimiento continuo y neurodiversidad.
• Contempla medidas en contra de la discriminación arbitraria. El Estado, también, adoptará las medidas necesarias para prevenir y sancionar la violencia, el abuso y la discriminación en contra de dichas personas.
• Determina los deberes del Estado para asegurar el desarrollo personal, la vida independiente, autonomía e igualdad de oportunidades de las personas con TEA.
• Asegura el pleno goce y ejercicio de sus derechos en condiciones de igualdad con el resto de la sociedad. En especial, en el ámbito de la inclusión social y educativa. Esto, con el objeto de disminuir y eliminar las barreras para el aprendizaje, la participación y la socialización.
• En el ámbito de la salud, uno de los principales objetivos de la norma es lograr avanzar en el fomento de la detección temprana del TEA. Sobre este punto, el Ministerio de Salud desarrollará y promoverá el acceso a detección de señales de alerta de trastorno del espectro autista dentro de las prestaciones de salud de niños, niñas y adolescentes (NNA) incluidas en el Plan de Salud Familiar. Previa consulta al Ministerio de Educación, además, elaborará un protocolo en virtud del cual los establecimientos educacionales derivarán a NNA con sospecha de TEA para el proceso de diagnóstico.

Cabe recordar que la asignatura de educación cívica se eliminó del currículum en Chile, ello en la década del 90, y su contenido fue agregado a la asignatura de ciencias sociales.

Incluir la asignatura de educación cívica y formación ciudadana en los ciclos de enseñanza básica y media es el objetivo principal de la moción presentada por los senadores Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda, y que fue derivada a la Comisión de Educación para su estudio.

En lo fundamental, la iniciativa establece que las mallas curriculares de los ciclos de enseñanza básica y enseñanza media, deberán incluir la asignatura obligatoria de educación cívica y formación ciudadana y agrega que «dentro de esta asignatura deberá contener a lo menos la enseñanza de los principios democráticos, respeto a los derechos humanos, derechos y deberes cuidados, participación ciudadana, como también deberá contemplar el desarrollo de actividades de participación de la comunidad escolar».

Cabe recordar que la asignatura de educación cívica fue eliminada del currículum en la década del 90 y su contenido fue agregado a la asignatura de ciencias sociales.

Luego, con la dictación de la ley N°20.911  se creó el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, que establece la obligación de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado de tener planes de formación ciudadana en los niveles de educación parvularia, básica y media, consagrando objetivos como la promoción y fomento de conocimientos democráticos, habilidades ciudadanas, respeto a los derechos humanos la diversidad y participación.

No obstante, los autores de este proyecto, señalan que «la implementación de esta nueva política no ha rendido los frutos esperados, pues han tenido una serie de problemas, desde el escaso  acompañamiento técnico por parte de la autoridad competente, problemas ideológicos en cuanto al contenido elaborado por los establecimientos educacionales, los procesos sociales que ha vivido el país en los últimos años, la pandemia COVID-19, la falta de participación de la comunidad educativa en la planificación de los PME».

Los mocionantes argumentaron que «en nuestro país la ley N°20.911, establece la obligación de contar con la asignatura de formación ciudadana para los 3° y 4° medios. Sin embargo, no contempla esta obligación para los otros ciclos de educación, dejándolos sólo con el plan de formación ciudadana descrito anteriormente, lo que conlleva irremediablemente los mismos problemas descritos».

«Existe la necesidad primordial revertir esta situación, por lo que una solución que consideramos es establecer en la malla curricular de todo el ciclo de educación básica y media la asignatura obligatoria de educación cívica y formación ciudadana, que cuente con la entrega de conocimiento sobre la democracia, estado de derecho, instituciones, derechos humanos, diversidad cultural, participación ciudadana, pero también que esta se extienda a entregar reales habilidades sociales y de resolución de conflictos para la sociedad», aseguraron los senadores.

La norma busca garantizar la completa atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista en Chile.

Por unanimidad, los integrantes de las comisiones unidas de Educación y Cultura; Mujer y Equidad de Género; y Salud del Senado aprobaron la idea de legislar del proyecto que garantiza la inclusión social de las personas en el espectro autista. Ahora el trabajo se centrará en mejorar el articulado del texto.

En concreto, la norma busca establecer, promover y garantizar la completa atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista, u otra condición que afecte el neurodesarrollo.

Durante las últimas semanas, los legisladores escucharon a más de 65 organizaciones e individuos que representan a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes dieron cuenta de la realidad de menores, adolescentes y adultos con esta condición como así también, de cuidadores que están a cargo de éstos.

Los legisladores y el Ejecutivo presentarán indicaciones, las que podrán formalizarse hasta el 2 de agosto. Cuando éstas se voten, el texto mejorado pasará a la Comisión de Hacienda para conocer el informe financiero. Al final de este proceso, el proyecto será visto por la Sala.

De hecho en la última sesión de las comisiones unidas, la directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, explicó que los recursos se destinarán al Servicio Nacional de la Discapacidad y a la Atención Primaria y Secundaria del Ministerio de Salud, principalmente a la contratación de personal especializado, equipamiento, y compra de fármacos e insumos.

A la hora de justificar su votación, los congresistas recordaron los distintos casos de discriminación que han conocido en sus regiones, abogando por la necesaria inclusión. También se mencionó la pertinencia de apoyar a los cuidadores y cuidadoras integralmente pasando de la mera pensión, a un sistema de resguardo. De hecho, el Ejecutivo se comprometió a presentar una ley marco de cuidadores, de manera de incluir a distintas personas que se postergan por otras.

Cabe recordar que el proyecto –iniciado en moción y luego transformado en indicación sustitutiva del Ejecutivo- apunta a garantizar, promover y proteger, en igualdad de condiciones, la inclusión social de las personas en el espectro autista. Define a quienes viven la condición de TEA y las veces en que ésta representa discapacidad. Asimismo, la norma pone el acento en que el autismo se entienda como parte de la expresión de la diversidad humana y no una patología.

El texto incluye una serie de derechos en la atención de salud. Se considera así el trato digno, el acompañamiento, el resguardo de la autonomía individual, el diagnóstico temprano, información y educación, la atención interdisciplinaria y la autonomía progresiva.