Cabe recordar que la asignatura de educación cívica se eliminó del currículum en Chile, ello en la década del 90, y su contenido fue agregado a la asignatura de ciencias sociales.

Incluir la asignatura de educación cívica y formación ciudadana en los ciclos de enseñanza básica y media es el objetivo principal de la moción presentada por los senadores Esteban Velásquez y Alejandra Sepúlveda, y que fue derivada a la Comisión de Educación para su estudio.

En lo fundamental, la iniciativa establece que las mallas curriculares de los ciclos de enseñanza básica y enseñanza media, deberán incluir la asignatura obligatoria de educación cívica y formación ciudadana y agrega que «dentro de esta asignatura deberá contener a lo menos la enseñanza de los principios democráticos, respeto a los derechos humanos, derechos y deberes cuidados, participación ciudadana, como también deberá contemplar el desarrollo de actividades de participación de la comunidad escolar».

Cabe recordar que la asignatura de educación cívica fue eliminada del currículum en la década del 90 y su contenido fue agregado a la asignatura de ciencias sociales.

Luego, con la dictación de la ley N°20.911  se creó el plan de formación ciudadana para los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado, que establece la obligación de los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado de tener planes de formación ciudadana en los niveles de educación parvularia, básica y media, consagrando objetivos como la promoción y fomento de conocimientos democráticos, habilidades ciudadanas, respeto a los derechos humanos la diversidad y participación.

No obstante, los autores de este proyecto, señalan que «la implementación de esta nueva política no ha rendido los frutos esperados, pues han tenido una serie de problemas, desde el escaso  acompañamiento técnico por parte de la autoridad competente, problemas ideológicos en cuanto al contenido elaborado por los establecimientos educacionales, los procesos sociales que ha vivido el país en los últimos años, la pandemia COVID-19, la falta de participación de la comunidad educativa en la planificación de los PME».

Los mocionantes argumentaron que «en nuestro país la ley N°20.911, establece la obligación de contar con la asignatura de formación ciudadana para los 3° y 4° medios. Sin embargo, no contempla esta obligación para los otros ciclos de educación, dejándolos sólo con el plan de formación ciudadana descrito anteriormente, lo que conlleva irremediablemente los mismos problemas descritos».

«Existe la necesidad primordial revertir esta situación, por lo que una solución que consideramos es establecer en la malla curricular de todo el ciclo de educación básica y media la asignatura obligatoria de educación cívica y formación ciudadana, que cuente con la entrega de conocimiento sobre la democracia, estado de derecho, instituciones, derechos humanos, diversidad cultural, participación ciudadana, pero también que esta se extienda a entregar reales habilidades sociales y de resolución de conflictos para la sociedad», aseguraron los senadores.

La norma busca garantizar la completa atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista en Chile.

Por unanimidad, los integrantes de las comisiones unidas de Educación y Cultura; Mujer y Equidad de Género; y Salud del Senado aprobaron la idea de legislar del proyecto que garantiza la inclusión social de las personas en el espectro autista. Ahora el trabajo se centrará en mejorar el articulado del texto.

En concreto, la norma busca establecer, promover y garantizar la completa atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista, u otra condición que afecte el neurodesarrollo.

Durante las últimas semanas, los legisladores escucharon a más de 65 organizaciones e individuos que representan a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), quienes dieron cuenta de la realidad de menores, adolescentes y adultos con esta condición como así también, de cuidadores que están a cargo de éstos.

Los legisladores y el Ejecutivo presentarán indicaciones, las que podrán formalizarse hasta el 2 de agosto. Cuando éstas se voten, el texto mejorado pasará a la Comisión de Hacienda para conocer el informe financiero. Al final de este proceso, el proyecto será visto por la Sala.

De hecho en la última sesión de las comisiones unidas, la directora de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, explicó que los recursos se destinarán al Servicio Nacional de la Discapacidad y a la Atención Primaria y Secundaria del Ministerio de Salud, principalmente a la contratación de personal especializado, equipamiento, y compra de fármacos e insumos.

A la hora de justificar su votación, los congresistas recordaron los distintos casos de discriminación que han conocido en sus regiones, abogando por la necesaria inclusión. También se mencionó la pertinencia de apoyar a los cuidadores y cuidadoras integralmente pasando de la mera pensión, a un sistema de resguardo. De hecho, el Ejecutivo se comprometió a presentar una ley marco de cuidadores, de manera de incluir a distintas personas que se postergan por otras.

Cabe recordar que el proyecto –iniciado en moción y luego transformado en indicación sustitutiva del Ejecutivo- apunta a garantizar, promover y proteger, en igualdad de condiciones, la inclusión social de las personas en el espectro autista. Define a quienes viven la condición de TEA y las veces en que ésta representa discapacidad. Asimismo, la norma pone el acento en que el autismo se entienda como parte de la expresión de la diversidad humana y no una patología.

El texto incluye una serie de derechos en la atención de salud. Se considera así el trato digno, el acompañamiento, el resguardo de la autonomía individual, el diagnóstico temprano, información y educación, la atención interdisciplinaria y la autonomía progresiva.

Diputados impulsan iniciativa para resolver el problema de millones de personas con trastorno del espectro autista, incluyéndolas en el Régimen de Garantías Explícitas de Salud, GES.

Por la unanimidad de 140 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la resolución 64, tras el llamado realizado por padres y madres del país.

A través de ella, se solicita al Presidente de la República Gabriel Boric disponer la incorporación de la patología de trastorno del espectro autista en el régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES).

“Los gastos y tratamientos para tal condición no cuentan con una cobertura que los garantice”, se remarca en el documento. Cabe recordar que el Mandatario ha participado en marchas de padres y madres con hijos que tienen esta condición.

El texto explica que, de las 85 patologías GES, ninguna cubre el trastorno del espectro autista. Esto ha dejado a los pacientes sin un tratamiento integral y oportuno (consultas y exámenes de especialistas) y a las familias respectivas frente a un alto costo de tratamiento particular, muchas veces inaccesible.

Recuerda, además, que esta condición altera el normal desarrollo de niños y adolescentes. Detalla que debe ser abordado de manera integral en ciertas etapas específicas de su vida, haciéndose necesaria una garantía de oportunidad y cumplimiento en las coberturas.

Asimismo, señala que los trastornos del espectro autista se relacionan con diversas condiciones que alteran el desarrollo del cerebro. Estas son asociadas típicamente con dificultades en la interacción social y la comunicación.

La resolución la presentaron las/os RN Francesca Muñoz, Miguel Mellado, Carla Morales, Marcia Raphael y Catalina Del Real; PCC Sara Concha; PPD Carolina Marzán; PS Jaime Naranjo; independiente Mercedes Bulnes; y PC Marisela Santibáñez.