Fue la propia imputada quien lo reconoció en la audiencia de formalización celebrada este domingo, y donde 14 sujetos quedaron en prisión preventiva, en un caso similar al ejecutivo de Banco Santander.

La noche del domingo, tras la audiencia de formalización a los detenidos de la Operación Tokio, la Fiscalía Metropolitana Sur reveló que una de las imputadas era ejecutiva del Banco Estado. Así lo confirmó el propio fiscal Héctor Barros: «De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada, era ejecutiva bancaria del Banco Estado.

Esta mujer se suma a José Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander que fue detenido la semana pasada y que era encargado de traspasar los dineros que recaudaba el Tren de Aragua por extorsión, secuestro, prostitución y tráfico de drogas, a fondos internacionales. Durante la investigación, se logró establecer «una infinidad» de cuentas corrientes y otros productos, hoy congelados, en distintas entidades bancarias.

«Al menos un ejecutivo (Pérez Asencio) era el que trasladaba los dineros desde sus cuentas corrientes hacia dos empresas, que eran Vex Group y Vex Vida, que son las empresas de papel creada por venezolanos, integrantes del Tren de Aragua, y de ahí la sacaba a nivel internacional a través de otras cuentas más», dijo el persecutor. Pérez Asencio, indicó el fiscal Barros, tenía ocho productos bancarios. «Pero, además, hoy una de las detenidas reveló que también era ejecutiva del Banco de Estado», agregó.

«Ellos (Tren de Aragua) buscan personas que conozcan o manejen un poco el sistema financiero para poder buscar la forma de sacar los dineros. Ahora, no es un tema muy rudimentario, sino que es un sistema bastante más complejo de lo que se cree», advirtió el fiscal Barros en conversación con 24 Horas.

«Hay una fórmula que ellos utilizan: le hacen un depósito al ejecutivo bancario y a tres personas más. Esos depósitos, lo que se hacen es mover entre las distintas cuentas corrientes y cuentas de ahorro, vale decir, usted deposita 100 millones y le devuelven 20, y van los otros 80 a otras personas, y así lo van dividiendo. Luego vuelven otra vez a transferir hacia las personas que les transfirieron originalmente, hasta que finalmente la totalidad de los dineros que están recogidos pasaban desde la cuenta José Pérez Asensio hacia estas dos empresas de papel, y de ahí hacia otras empresas de papel también, pero otras también legales, de donde sacaban los dineros a nivel internacional, perdiendo la trazabilidad del mismo», explicó Barros. En esa línea, Barros señaló que el Tren de Aragua capta personas que ya forman parte de entidades bancarias.

«Dentro de sus funciones son contactados por el Tren de Aragua. Ahora tenemos esto a nivel bancario, pero también lo tenemos a nivel de empresas de fachada, que son empresas que, en el fondo, lo que hacen es mover criptoactivos. Y desde ese punto de vista, también estas personas, si bien fueron reportadas en su momento por la Unidad de Análisis Financiero, finalmente se les termina cerrando las cuentas hace poco tiempo», ahondó.

Cabe destacar que de los 17 imputados por la Operación Tokio, 14 quedaron en prisión preventiva, incluyendo a José Pérez Asencio. En tanto, tres quedaron con arresto domiciliario.

Respecto a indultar a un violador de niños, el ministro de Justicia dijo: “Per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente le arrojan un determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente“.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a la posibilidad de que se otorguen indultos presidenciales, señalando que, más allá de cuál sea el delito, se revisan las “circunstancias del caso”.

En diálogo con CNN Chile, el secretario de Estado sostuvo que “son más de 40 peticiones de indultos” las que se han llegado desde que comenzó el Gobierno hasta ahora. Entre ellas, dijo, “hay de todo”, es decir, “hay asuntos relacionados con hechos sucedidos de 1973 a 1990, hechos relacionados con el estallido social y también delitos comunes“.

Según indicó Rabat, una vez que llegan las solicitudes de indultos particulares, la División de Reinserción del ministerio, que cuenta con una unidad de indultos, las tramita y luego las entrega al ministro para su análisis.

“Es una situación que analiza el ministro de Justicia y, en algunos casos, lo suscribe el mismo la resolución respectiva por orden del Presidente de la República (…) y puede el presidente dictar él mismo la resolución”, apuntó.

Ahora, consultado por si le ha tocado decidir, el ministro dijo: “Hay uno que ya rechazamos y otro que tengo que dictar la resolución estos días, porque ya la he pensado, fundamentado, razonado y motivado“, agregando que ambas solicitudes ya tramitadas corresponden a condenados por “delitos comunes”.

Luego, consultado por si existen delitos que nunca debieran ser indultados, el jefe de Justicia sostuvo que “las circunstancias del caso van a permitir responder aquello, porque a veces no se trata solamente del delito propiamente tal, porque mediante el indulto usted no revisa una sentencia judicial, puesto que eso lo prohíbe la Constitución, sino que más bien analiza las circunstancias particulares y el mérito de los antecedentes que están en el expediente respectivo”.

Así, sobre la posibilidad de indultar a violadores de derechos humanos, dijo: “Va a depender de las circunstancias del caso, sobre todo de las que van a rodear a la persona que solicite el indulto y al mérito de los antecedentes que se agreguen al respectivo expediente“.

“Entonces, per se no se trata de dar una respuesta general, porque creo que no corresponde si no se analiza la situación en particular”, agregó.

En la misma línea, sobre indultar a un violador de niños, insistió: “De nuevo, van a depender mucho las circunstancias en que la persona esté en el momento, entonces, claro, per se es un delito muy grave, pero si las circunstancias del expediente le arrojan un determinado antecedente que a usted le permita pensar distinto, bueno, deberá ponderarlo debidamente“.

El exministro comunista de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que antes «las familias no decidían nada. Las familias postulaban, y si había cupo o cumplían con algunos requisitos podían entrar. A mí me pasó. Mi mamá me llevó a un colegio de carácter confesional y le exigieron que mis papás estuvieran casados, y no lo estaban». 

El fin de la tómbola ha vuelto a formar parte del debate en torno al sistema educativo. Se trata de una propuesta que se transformará en un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, iniciativa de la que ya había dado luces la ministra de Educación, María Paz Arzola, y que remarcó el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública.

«Tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo», dijo el Mandatario el pasado 1 de junio. Agregó que «Acercaremos las familias a las escuelas, daremos a los directores herramientas para volver a ser líderes pedagógicos y no meros administradores».

El Mineduc estaría afinando los últimos detalles para ingresar el proyecto de ley durante la próxima semana, e implicaría una reforma completa a la reforma que se creó durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y que dio paso al Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Sobre este tema, el exministro comunista de Educación, Nicolás Cataldo, recordó esta mañana, en Radio Pauta, que cuanto él estuvo en el cargo, el Mineduc constituyó una comisión de expertos transversal, «de gente técnica, con posición política, que tuvo representando además las sensibilidades del Parlamento, donde de hecho estuvo María Paz Arzola, en ese tiempo, que representaba a una fundación vinculada a la oposición de esa época».

«Lo primero que dijo esa comisión fue que el SAE cumple su rol, es eficiente, pero hay que hacerle mejoras, pero los problemas no tienen que ver con el SAE como sistema, sino que con criterios, énfasis y cosas que se pueden trabajar, y se hizo una serie de recomendaciones», remarcó Cataldo. En esa línea, recordó que el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric presentó un proyecto de ley que recogió algunas de las ideas de la comisión, «se dio una discusión en el Congreso, llegamos a un acuerdo en la comisión de Educación, aprobamos, fuimos a Hacienda, aprobamos, fuimos a la Sala. La UDI devolvió el proyecto a la comisión, lo volvimos a discutir, lo volvimos a aprobar y ese proyecto está en la Sala».

«Si se trabaja sobre ese proyecto que fue construido sobre la base de un informe técnico hecho de manera transversal, y si se aprueba ese proyecto que ya fue acordado transversalmente en las comisiones técnicas en el Senado, yo diría que uno puede avanzar en una buena dirección», dijo Cataldo. Por el contraste, advirtió que si la idea de fondo es «terminemos con cualquier forma o mecanismo de admisión que sea no discriminatorio; primero hay que cambiar la ley general y para eso hay que tener los votos de rango constitucional; y, segundo, digámoslo claramente, eso significa que las personas van a hacer filas afuera de las escuelas».

Con todo, subrayó que antes del SAE «las familias no decidían nada. Las familias postulaban, y si había cupo o cumplían con algunos requisitos podían entrar. A mí me pasó. Mi mamá me llevó a un colegio de carácter confesional y le exigieron que mis papás estuvieran casados, y no lo estaban. Esa era la realidad previa a la discusión de esta ley, no nos olvidemos de eso, porque parece que tenemos memoria a corto plazo».