Si en el 2011 la multitienda hizo repactaciones unilaterales a 1 millón de clientes, ahora, allanaron sus bodegas por vender ropa presuntamente falsa, en el marco de su proceso de embargo judicial.
Una investigación está llevando adelante el Ministerio Público por venta de ropa presuntamente falsificada, tras una denuncia interpuesta por la empresa Forus, la cual opera la reconocida marca deportiva estadounidense Under Armour.
Lo anterior llevó a que Carabineros allanara ocho bodegas de La Polar en la Región Metropolitana, incautando un total de 680 prendas supuestamente falsas, avaluadas en $18 millones. La empresa se defendió sosteniendo que “siempre ha vendido productos originales y esta no es la excepción».
Paralelamente, en el marco de una pugna con AFP Capital, la multitienda está en pleno proceso de embargo de sus bienes, lo cual ha intentado frenar por medio de apelaciones ante la justicia, así que la situación de La Polar es compleja desde varias aristas, y hace recordar el caso de las repactaciones que reconoció en junio de 2011 y que afectó a más de 1 millón de clientes.
Frente al caso actual de venta de ropa presuntamente falsa, Antonio Olivares, quien es abogado de Conadecus, afirmó a Tevex Televisión que de comprobarse esto es una situación bastante grave, “ahí lo que existiría es un engaño al consumidor por parte de La Polar porque se estaría haciendo pasar un producto por algo que no es”.
“Desde Conadecus estamos esperando los resultados de la investigación para que se determine si efectivamente se vendió ropa falsificada y por lo tanto si se habría generado un daño al consumidor, el que además sería claramente cuantificable”, detalló Olivares.
Asimismo, el jefe del área Jurídica de Conadecus sostuvo que “se debe considerar que el consumidor confía en el prestigio de una marca como La Polar y que al comprar el producto también paga un precio por la marca”.
Mientras que el director nacional del Sernac, Andrés Herrera, anunció que oficiarán a La Polar: “De ser efectivo que hubo venta de ropa falsificada, sería grave e inaceptable, puesto que se afectaría una serie de derechos que disponen los consumidores, como el de recibir información veraz y oportuna, que se respeten las condiciones contratadas y ofrecidas, además de configurarse publicidad falsa o engañosa, entre otras infracciones”.
