El cuestionado Sergio Muñoz enviaba al abogado Luis Hermosilla datos de casos como la compraventa de Minera Dominga, que tenían al entonces Presidente en el ojo del huracán.
Apenas 13 días después de que asumió la máxima jefatura de la PDI, Sergio Muñoz comenzó a filtrar antecedentes reservados a Luis Hermosilla en aquellas causas que le interesaban al polémico abogado, serían 12 en total.
Le enviaba requerimientos de la fiscalía, le contaba cuando alguien era citado a declarar y le adelantaba la información que sus funcionarios debían pesquisar en casos delicados, como la compraventa de la Minera Dominga, que tenía al entonces Presidente Sebastián Piñera en calidad de imputado, según Ciper Chile.
Y la filtración era eficiente: el abogado recibía en su celular los antecedentes antes de que la policía ejecutara los requerimientos del Ministerio Público. Los fiscales afectados por las filtraciones declararon que no saben cuán dañadas se vieron las indagatorias.
Muñoz le envió a Hermosilla documentos reservados sobre la causa de la compraventa de la Minera Dominga, la que entonces complicaba al Presidente Piñera luego de que se revelara que la mayor parte de ese negocio se finiquitó en una jurisdicción off shore y que el tercer pago que recibiría la familia Piñera Morel dependía de que el gobierno de su padre no adoptara alguna medida de protección ambiental en la zona del proyecto minero-portuario.
De este modo el 25 de octubre de 2021, Sergio Muñoz le mandó a Hermosilla un requerimiento de información que había recibido la Unidad de Anticorrupción de la PDI, relacionada con la indagatoria judicial sobre la compraventa de Dominga. La respuesta de Hermosilla: “Es un tremendo problema”.
Apenas Sebastián Piñera asumió su segundo mandato, el 11 de marzo de 2018, el Ministerio del Interior contrató a Hermosilla como abogado asesor. Según la web de transparencia del gobierno, el 12 de marzo de ese año comenzó a prestar servicios.
Al inicio vía honorarios, por una remuneración mensual de $1,6 millón. El contrato se extendió, al menos, hasta julio de 2021. Varios abogados de su staff fueron contratados en la División Jurídica de la Subsecretaría del Interior. Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Hermosilla también recibió pagos a través de la figura de los convenios.
¿Cuánto impactaron estas acciones en la integridad de casos como éste, además de otros como Enjoy, corrupción en la PDI, y del proceso contra el ex alcalde de Vitacura Raúl Torrealba? “Los fiscales afectados están en la incertidumbre”, señalan abogados a Ciper Chile.
