Si el avalúo de la vivienda es menor a 10.000 UF y la persona ha pagado sobre el 50% de su deuda hipotecaria, los acreedores tendrán limitaciones para solicitar el remate de la propiedad.
Con 107 votos a favor y 13 abstenciones, la Cámara aprobó en general el proyecto que modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil. Su fin es principalmente proteger la vivienda única de determinados deudores por medio de la prenda pretoria.
El texto busca dar mayor protección a los deudores, tanto generales como hipotecarios. Ello, frente al posible remate de su inmueble en caso de morosidad. Para esto, se plantean condiciones justas en juicios ejecutivos, generales o hipotecarios.
La iniciativa aumenta los plazos tanto para la contestación de la demanda como para la oposición a la ejecución; se amplía el catálogo de excepciones que puede oponer el deudor en el juicio especial hipotecario, asimilándolas a las del deudor en el juicio ejecutivo; y se elimina, en ciertos casos, la facultad del acreedor de solicitar el remate del bien raíz embargado o hipotecado o su entrega en prenda pretoria.
Cabe señalar que la prenda pretoria es un acuerdo judicial. En él se entrega al acreedor una cosa mueble o inmueble embargada en una ejecución, para que se pague con sus frutos.
Si la ejecución recae sobre un bien inmueble que sea la única vivienda de uso familiar de una persona natural, cuyo avalúo no exceda de diez mil UF y el deudor ha pagado el 50% o más de la deuda, el acreedor sólo podrá solicitar su remate si se mantienen vigentes seis o más meses continuos o doce meses discontinuos de mora.
También se otorga a la prenda pretoria el carácter de irrenunciable para el deudor; se eleva el mínimo para el remate de un bien inmueble, desde el avalúo fiscal a su valor real en el mercado inmobiliario o avalúo comercial.
Dicho valor se determinará judicialmente por peritos independientes designados por el tribunal, elegidos entre los que figuran en la lista de Peritos Judiciales.
Frente a esto, el director de Chiledeudas.cl, Guillermo Figueroa, manifestó que el proyecto de ley beneficiará a los morosos financieros y/o hipotecarios, resguardando en varios casos sus viviendas obtenidas con esfuerzo, sin embargo indicó que esto debe ir de la mano con una mayor educación financiera de la población para que conozca sus nuevos derechos y los exija en el proceso.
Según Chiledeudas.cl, 1 de cada 3 chilenos que han enfrentado procesos judiciales, sufrieron riesgo de embargo o bien, se les remató su vivienda, para pagar su morosidad, y dicha situación aumentó durante este año a causa de la crisis económica.
