El jefe comunal de Recoleta es investigado por eventual fraude al Fisco, cohecho y lavado de activos y malversación de caudales públicos en la operación de farmacias populares.
En medio de las pesquisas que desarrolla la fiscal Giovanna Herrera para dilucidar presuntos delitos de fraude al Fisco, cohecho, lavado de activos y malversación de caudales públicos en el funcionamiento de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), se levantaron nuevos antecedentes que apuntan al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).
Y es que luego de que en junio de 2022 se ordenara la liquidación forzosa de Achifarp, una serie de insumos y maquinaria quedaron en desuso, por lo que la persecutora decidió seguir la ruta de dichos elementos.
Así, por medio de una serie de declaraciones, detectó que parte de la indumentaria llegó a oficinas donde operaba una fundación que Jadue, junto a otros cuatro alcaldes -Gonzalo Montoya, de Macul; Ana Albornoz, de Santa Juana; Joel Olmos, de La Cisterna; Mauro Tamayo, de Cerro Navia, y Bernardo Leyton, de Canela-, constituyó a las pocas semanas de que Achifarp dejara de funcionar. Se trata de la Fundación de Salud Primaria (Fusalp).
La idea de dicha entidad era vender aparatos auditivos y ópticos a bajo costo. Según los mismos funcionarios que han declarado en la causa, utilizaron equipamientos que formaban parte del inventario de la fallida asociación, por lo que se investiga ocultamiento de bienes.
En medio de su declaración, al alcalde Daniel Jadue se le consulta por la creación de la citada fundación, asegurando que la idea era replicar el modelo de las farmacias populares.
“Sobre Fusalp, quisimos realizar lo mismo que en la asociación Achifarp: se crea una asociación privada conformada por cinco personas naturales, las cuales todas éramos alcaldes. Esto se inicia con aportes personales de cada uno de los miembros de alrededor de $500.000 y con el financiamiento de un empresario amigo del alcalde Gonzalo Montoya, el cual no conozco ni tengo información sobre él, tampoco sé cuánto dinero aportó”, indicó Jadue.
En el mismo sentido, agregó que “a Fusalp se fue a trabajar Muñoz, por Gonzalo Montoya. De esta yo me retiré hace cinco meses aproximadamente y no tengo conocimiento de quién manejaba los dineros, yo no tenía poder en esta, no tengo conocimiento dónde funciona Fusalp, lo más probable es que esta se encuentre paralizada”.
Asimismo, dado que en medio del caso se le ha cuestionado por derivar insumos en beneficio del Partido Comunista, también se defendió. De hecho, los representantes legales de Best Quality han declarado ante la Fiscalía que Jadue habría “presionado” para que se hicieran donaciones en favor de la colectividad.
“Fui informado por la prensa que el mismo proveedor decía que esos productos supuestamente solicitados por mí, lo que niego nuevamente de manera rotunda, fueron dejados en el local del Partido Comunista de Recoleta. Al respecto puedo decir lo siguiente. Primero, desde mi llegada a la alcaldía de Recoleta abandoné todas mis responsabilidades partidarias en la comuna y me aboqué exclusivamente a mis responsabilidades como alcalde”, dijo Jadue.
Recalcó que no tiene las llaves de esa sede del PC y que “lo único que hay acá es un proveedor de Achifarp que hizo tratos comerciales directa y única y exclusivamente con el secretario ejecutivo de la Asociación, y que ante el atraso en los pagos comprometidos decidió presionar de manera indebida mediante acciones judiciales infundadas para realizar daño a la persona del presidente de la Asociación en su calidad de precandidato presidencial”.
De la misma forma, descartó ser el responsable directo de la compra fallida de dosis de interferón, porque firmó el acuerdo sin haber leído previamente.
“Hago presente que tampoco conocía los hitos de dicho convenio, debido a que no leo lo que firmo, por eso existe una cadena o un grupo de personas que lee y revisan la totalidad de convenios y documentos que llegan, como la Dirección Jurídica y la Dirección de Control”, manifestó Daniel Jadue.
