El suegro de la exalcaldesa de Maipú dijo que lo realizado por ella podría ser un malgasto del presupuesto municipal, pero no un delito: “no hay ningún peso en la casa de nadie”.
En medio de las acusaciones sobre Cathy Barriga por presunto fraude al Fisco durante su gestión en la municipalidad de Maipú, su suegro, Joaquín Lavín, ex alcalde de Las Condes, ha salido en su defensa.
La exalcaldesa se encuentra cumpliendo su arresto domiciliario tras ser formalizada por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, junto con otros cinco exfuncionarios, por un desfalco cercano a los 31.000 millones de pesos en el municipio.
Así en declaraciones a Mesa Central de T13, Lavín hizo hincapié en que el déficit municipal existente al inicio del mandato de Barriga no puede ser atribuido únicamente a su gestión, aunque reconoció que es posible que haya contribuido a su aumento. Sin embargo, subrayó que la mera existencia de un déficit no equivale automáticamente a fraude.
“Lo que entiende la gente, cuando la Fiscalía dice aquí hay fraude al Fisco por 31 mil millones de pesos, es que se robaron 31 mil millones de pesos, el primer punto es, y lo dice la propia Fiscalía, es que no hay ningún peso para la casa de nadie”, sostuvo la ex autoridad comunal.
En ese sentido aseguró que “cuando ella llegó hace seis o siete años también había un déficit, probablemente (ella) lo aumentó, pero no es que el déficit lo haya generado ella”.
Al referirse a las millonarias compras de peluches y cristales Swarovski que se le imputan a Barriga, Lavín insistió en que, si bien podrían considerarse como un malgasto del presupuesto municipal, no constituyen fraude al Fisco.
En sus propias palabras, “dicen compró peluches, pero eso no es fraude al Fisco. Yo podría decir que es un fraude innecesario (sic), pero eso se castiga políticamente y por eso la gente eligió otro alcalde”.
La Fiscalía Metropolitana Occidente ha formalizado a Cathy Barriga por fraude al Fisco y por falsificación y/o uso malicioso de instrumento público falso, acusándola de haber manipulado certificados de disponibilidad presupuestaria para inflar los ingresos municipales y mostrar un falso superávit.
