Un proyecto del Gobierno permitirá que, con la entrada de nuevas empresas, los usuarios puedan elegir a cuál comprarle energía, a mejores valores que hasta ahora.
En septiembre de este año, el Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputadas y Diputados el proyecto que establece el derecho a la portabilidad eléctrica, a través de una reforma al sistema de distribución.
Cabe precisar que la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE), de 1982, reconoció tres sectores en el mercado de la energía eléctrica: Generación, Transmisión y Distribución.
En los primeros dos se han llevado adelante reformas tendientes al desarrollo más eficiente de la matriz energética del país y, ahora, es el turno del área de distribución, el cual no ha sido objeto de reformas estructurales desde la entrada en vigencia de la LGSE.
En el país, actualmente, existen cuatro grandes grupos de empresas distribuidoras, que controlan la comercialización de aproximadamente el 95% de los usuarios regulados.
De esta manera, el eje de la reforma está en la separación de la distribución, como negocio de infraestructura de redes eléctricas -que mantiene su carácter monopólico-, de la comercialización de electricidad, el cual se daría en un mercado de competencia, donde los usuarios puedan elegir entre distintas opciones de compañía a cuál comprarle la energía.
Tal como explicó el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, en la presentación del proyecto, la modernización del proceso de distribución de energía eléctrica estará compuesta por tres ejes que se materializarán en diferentes proyectos de ley:
Portabilidad Eléctrica: Todo usuario tendrá derecho a elegir a su comercializador de electricidad.
Calidad de Servicio: Perfeccionamiento del mercado y modernización del sector.
Generación distribuida: Nuevos recursos distribuidos, creación de valor local y reactivación económica.
¿Qué es la portabilidad?
El proyecto otorga el derecho a todos los usuarios del sistema eléctrico nacional a elegir su suministrador de energía. Ello se logra mediante modificaciones que flexibilizan las licitaciones de suministro, asegurando la entrada de nuevos actores, pero con una transición gradual para respetar los actuales contratos.
La norma distinguirá tres tipos de clientes:
Pequeños: menor a 20 kw.
Mediano: hasta 5.000 kw.
Grandes: por sobre 5.000 kw.
Los primeros dos podrán optar por elegir un suministrador o acogerse a la tarifa regulada, que actuará, además, como referencia a la hora de poder hacer las respectivas comparaciones.
Además, se crea un organismo denominado Gestor de Información, de carácter privado y licitado, cuyo fin será garantizar la total independencia del manejo de información, la protección de los datos de los clientes y el acceso controlado y simétrico para los distintos interesados, además de entregar herramientas objetivas a los usuarios que faciliten su elección.
¿Cómo beneficiará a los usuarios?
En los argumentos del proyecto, se señala que el objetivo de la norma es traspasar los beneficios de los avances tecnológicos (que se han logrado en las áreas de generación y transmisión), a los hogares y pequeñas industrias, que hoy no tienen la posibilidad de elegir a su suministrador de energía, y que esto podría llevar a menores precios por el servicio.
Los comercializadores ofertarán, así, nuevos productos energéticos, tales como, tarifas horarias, tipos de energía, ya sea exclusivamente proveniente de fuentes renovables, o de producción local, por ejemplo.
Crédito de la foto: Cámara de Diputadas y Diputados.
