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Fiscalía pide 12 años de cárcel para senador Calisto: Acusa fraude al Fisco por $105 millones
Según el Ministerio Público, entre 2018 y 2022 Calisto se concertó con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener recursos públicos mediante la contratación de esta última como asesora parlamentaria, pese a que nunca ejecutó los trabajos para los cuales fue contratada.
La Fiscalía Regional de Aysén presentó este viernes la acusación con la que busca llevar a juicio oral al senador Miguel Ángel Calisto Águila y otros siete imputados por una serie de presuntos fraudes al Fisco.
El Ministerio Público solicita para el parlamentario una pena de 12 años de presidio por el delito reiterado de fraude al Fisco, además de las penas accesorias contempladas en la ley.
La acusación, a la que tuvo acceso exclusivo Mega Investiga, fue presentada por el fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, luego del cierre de la investigación decretado el 25 de junio de 2026.
En el escrito, el Ministerio Público sostiene que existen “fundamentos serios para el enjuiciamiento” del hoy senador Miguel Calisto y de los demás acusados, quienes deberán enfrentar un juicio oral una vez que se resuelva el procedimiento de desafuero solicitado por la Fiscalía respecto del parlamentario.
El caso tiene como principal imputado al senador Miguel Calisto Águila, aunque también fueron acusados Roland Cárcamo Catalán, Carla Graf Toledo, Felipe Klein Vidal, Sandra Loaiza Henríquez, Fabiola Castillo Bustamante, Natalia Cárcamo Catalán y Roland Cárcamo Garrido por distintos hechos que, según la Fiscalía, conforman tres episodios de fraude al Fisco.
Sin embargo, el núcleo de la acusación respecto de Calisto corresponde a un supuesto mecanismo que habría operado durante los cuatro años en que ejerció como diputado por el distrito 27 de la Región de Aysén.
Según el Ministerio Público, entre 2018 y 2022 Calisto se concertó con Roland Cárcamo Catalán y Carla Graf Toledo para obtener recursos públicos mediante la contratación de esta última como asesora parlamentaria, pese a que —afirma la Fiscalía— nunca ejecutó los trabajos para los cuales fue contratada.
“La imputada Carla Graf fue contratada por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional para trabajar como asesora parlamentaria del referido Diputado Calisto, recibiendo (…) la suma de a lo menos $105.554.697”, sostiene la acusación.
No obstante, agrega que aquello ocurrió “en circunstancias de que (…) Carla Graf Toledo no desarrolló, escribió, ni entregó al parlamentario Calisto ningún estudio” ni ejecutó las funciones comprometidas en sus contratos, “todo ello con conocimiento del Diputado Calisto”.