El diputado Andrés Giordano dio a conocer en Emprendidos un proyecto de ley para que empresas que otorgaron aguinaldo a un trabajador en un tiempo anterior deban seguir realizándolo.
En entrevista con Carla Ballero, en nuestro programa Emprendidos, el diputado Andrés Giordano dio a conocer los detalles de un proyecto de ley que busca establecer el aguinaldo -ya sea de las Fiestas Patrias como Navidad- como un derecho de los trabajadores.
“Hay una polémica muy grande en torno a este proyecto de ley, pero en realidad es más simple de lo que parece, ya que recoge jurisprudencia de los tribunales de justicia, de la Dirección del Trabajo, en relación a las empresas que entregaron aguinaldo alguna vez para que lo reconozcan como parte del contrato, esa es la modificación principal”, dijo el parlamentario.
Se interpreta el Código del Trabajo, para que, según Giordano, sea una cláusula más del contrato, reconociendo el derecho a quienes recibieron aguinaldo para que la empresa se los siga entregando, “no pone la soga en el cuello a las compañías que por distintos motivos no pueden efectuarlo”.
De todos modos, puntualizó el diputado, “uno espera que esa discusión se concrete, avanzando en otorgar beneficios como el aguinaldo de una manera más obligatoria en los diferentes espacios de trabajo, considerando los bajos sueldos que reciben las personas”.
Pasa que, de acuerdo con el parlamentario, empresas grandes han estado eliminando este beneficio, cambiando las condiciones -no dándolo o disminuyendo el monto-, “y nosotros lo que queremos es que se respete por contrato si se otorgó cualquier aguinaldo en un tiempo anterior”.
Y en muchos casos, los aguinaldos se ocupan para pagar deudas, recordó la autoridad, en línea con un estudio de Chiledeudas, el cual revela que 45% de la población nacional ocupará ese dinero para cancelar sus compromisos financieros.
Es de esperar que, de cara al futuro, sindicatos con empleadores puedan hablar de manera más adecuada sobre beneficios como los aguinaldos, con el fin de que sean establecidos por contrato y que, además, no exista distinción en ello entre el sector público y privado”.