Los sectores económicos con mayores suspensiones de contrato, según el INE, fueron alojamiento y servicio de comidas, industria manufacturera y actividades artísticas y recreativas.
En julio de 2020, una de cada tres empresas (37,3%) registró trabajadores suspendidos por efecto de la Ley de Protección al Empleo en el marco de la pandemia, ya sea por pacto o por acto de autoridad, lo que corresponde al 9,3% de los colaboradores contratados por las compañías formales de cinco o más integrantes en el país.
Así lo reveló recientemente el boletín complementario covid-19 de la Encuesta de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra del período abril-julio de 2020, publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Los sectores económicos con mayores porcentajes de empresas con suspensiones de contrato en julio de este año, de acuerdo con el INE, fueron alojamiento y servicio de comidas (86,4%), industria manufacturera (58,1%) y actividades artísticas y recreativas (54,9%). Los sectores económicos con un mayor porcentaje de trabajadores suspendidos fueron actividades artísticas y recreativas (47,3%) y alojamiento y servicio de comidas (39,8%).
En el mismo mes, según la Encuesta, uno de cada cuatro trabajadores (27,7%) realizó labores a distancia o bajo la modalidad de teletrabajo, la cual se concentra en colaboradores de los sectores de enseñanza (74,4%), información y comunicaciones (67,3%), actividades financieras y de seguros (55,9%) y suministro de electricidad y gas (50,2%).
“A corto plazo, las suspensiones de contrato parecen ser una medida efectiva para disminuir las desvinculaciones de trabajadores, en tanto aquellos sectores económicos con mayores porcentajes de suspensiones de contrato en los cuatro meses de análisis registran los menores porcentajes de desvinculaciones (actividades artísticas y recreativas, y alojamiento y servicio de comidas)”, sostiene el INE.
Pese a lo anterior, en julio, el 53,4% de las empresas acogidas a la Ley de Protección al Empleo cree que en los próximos tres meses tendrá que despedir trabajadores, mientras que entre aquellas instituciones que no se acogieron a la normativa, este porcentaje desciende a un 12,5%.
Crédito de la foto: INE.