Según consumidores, Metrogas y su relacionada Agesa, elevaron artificialmente el costo del gas, a través de maniobras que le reportaron utilidades ilícitas por 400 millones de dólares.
Un grupo de clientes, socios de Conadecus, demandó a la empresa Metrogas y a su relacionada Agesa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por los graves y reiterados abusos cometidos en la distribución de gas natural por redes detectados por la Fiscalía Nacional Económica.
Metrogas -afirman- detenta una posición monopólica en el negocio la distribución de gas en las zonas en que goza de concesión, que incluyen a las regiones Metropolitana y de O’Higgins, por lo que las conductas denunciadas configuran un abuso de posición dominante y explotación abusiva de dicha posición, sancionado por la legislación de libre competencia.
Según se explica en la demanda, a mediados de 2016 mientras se tramitaba un proyecto de ley en materia de límites de rentabilidad, Metrogas creó la sociedad relacionada Agesa, a quien le traspasó el contrato con el que hasta la fecha se abastecía de gas natural. Acto seguido Metrogas y Agesa firmaron un nuevo contrato de venta de gas, mediante el cual Agesa pasó a revenderle a Metrogas el mismo gas natural que antes compraba directamente, pero a un precio mayor.
Fruto de esta maniobra, Metrogas y Agesa lograron elevar artificialmente el costo del gas, pero desviando la rentabilidad proveniente de ese mayor costo desde Metrogas a Agesa, que no se encuentra sujeta al límite de rentabilidad, incurriendo así en un claro fraude a la ley, reportando utilidades ilícitas por una suma cerca a los 400 millones de dólares desde 2016.
A juicio de la FNE -cita la demanda- “la única ventaja clara de la división de Metrogas y Agesa, y del contrato entre ambos, es elevar los costos de Metrogas y permitir a sus accionistas (CGE Gas Natural y Copec) obtener utilidades no sujetas a regulación a través de Agesa”. Para el Presidente de Conadecus, Hernán Calderón, “este fraude es muy grave, porque se refiere a un bien de consumo de primera necesidad, que afecta a cerca de 800.000 hogares y varias reparticiones públicas, con perjuicio al Fisco; y en tiempos en que la economía familiar se ha visto duramente golpeadas por los efectos del Covid-19”.
En relación con el reciente reportaje que denunció este mecanismo, el abogado patrocinante de la demanda, Mauricio Tapia aclaró que: “Lo que hicieron no fue legal como se dijo en el reportaje. Lo único que autorizó la ley en el artículo transitorio fue que los contratos de compraventa de gas entre empresas relacionadas que ya existieran con anterioridad a esa ley, no se sometieran a licitación internacional, pero ello en ningún caso los autorizó a firmar contratos para subir artificialmente los costos y desviar rentabilidad. Si hay algo que caracterizó a esa ley fue precisamente buscar que las empresas pagaran costos de mercado por el gas que compran, incluyendo las compras a relacionados, y los costos artificiales como los que se inventaron Metrogas y Agesa a partir de ese contrato firmado entre ellas a mediados de 2016 son, por definición, todo lo opuesto a un costo de mercado. Metrogas y Agesa evidentemente violaron la ley, y el hecho que se hayan acogido al artículo 12° transitorio no los libera de ese fraude”.
Por su parte, el abogado Andrés Rioseco, también patrocinante de la demanda, acota que: «La explicación de Metrogas, en cuanto a que las prácticas internacionales aconsejan separar el negocio de aprovisionamiento (la compra al por mayor) del negocio de distribución, es falaz, porque la verdad es que ellos no han dividido realmente esos dos negocios, desde que Metrogas y Agesa tienen exactamente los mismos dueños. La supuesta división no existe, tal como se los respondió la FNE en su informe”. La demanda pide se aplique a las demandadas una multa equivalente al 30% de las ventas ilícitas o bien el doble del beneficio económico obtenido con sus abusos, además de la disolución de Agesa, por tratarse de una sociedad instrumental cuyo único propósito de existencia ha sido hacer posible la maniobra defraudatoria de la ley, consistente en el aumento artificial de costos de Metrogas y el desvío de rentabilidad.
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