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Economía

Conadecus demanda a Metrogas por grave abuso de posición monopólica

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Según consumidores, Metrogas y su relacionada Agesa, elevaron artificialmente el costo del gas, a través de maniobras que le reportaron utilidades ilícitas por 400 millones de dólares.

Un grupo de clientes, socios de Conadecus, demandó a la empresa Metrogas y a su relacionada Agesa ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por los graves y reiterados abusos cometidos en la distribución de gas natural por redes detectados por la Fiscalía Nacional Económica.

Metrogas -afirman- detenta una posición monopólica en el negocio la distribución de gas en las zonas en que goza de concesión, que incluyen a las regiones Metropolitana y de O’Higgins, por lo que las conductas denunciadas configuran un abuso de posición dominante y explotación abusiva de dicha posición, sancionado por la legislación de libre competencia.

Según se explica en la demanda, a mediados de 2016 mientras se tramitaba un proyecto de ley en materia de límites de rentabilidad, Metrogas creó la sociedad relacionada Agesa, a quien le traspasó el contrato con el que hasta la fecha se abastecía de gas natural. Acto seguido Metrogas y Agesa firmaron un nuevo contrato de venta de gas, mediante el cual Agesa pasó a revenderle a Metrogas el mismo gas natural que antes compraba directamente, pero a un precio mayor.

Fruto de esta maniobra, Metrogas y Agesa lograron elevar artificialmente el costo del gas, pero desviando la rentabilidad proveniente de ese mayor costo desde Metrogas a Agesa, que no se encuentra sujeta al límite de rentabilidad, incurriendo así en un claro fraude a la ley, reportando utilidades ilícitas por una suma cerca a los 400 millones de dólares desde 2016.

A juicio de la FNE -cita la demanda- “la única ventaja clara de la división de Metrogas y Agesa, y del contrato entre ambos, es elevar los costos de Metrogas y permitir a sus accionistas (CGE Gas Natural y Copec) obtener utilidades no sujetas a regulación a través de Agesa”. Para el Presidente de Conadecus, Hernán Calderón, “este fraude es muy grave, porque se refiere a un bien de consumo de primera necesidad, que afecta a cerca de 800.000 hogares y varias reparticiones públicas, con perjuicio al Fisco; y en tiempos en que la economía familiar se ha visto duramente golpeadas por los efectos del Covid-19”.

En relación con el reciente reportaje que denunció este mecanismo, el abogado patrocinante de la demanda, Mauricio Tapia aclaró que: “Lo que hicieron no fue legal como se dijo en el reportaje. Lo único que autorizó la ley en el artículo transitorio fue que los contratos de compraventa de gas entre empresas relacionadas que ya existieran con anterioridad a esa ley, no se sometieran a licitación internacional, pero ello en ningún caso los autorizó a firmar contratos para subir artificialmente los costos y desviar rentabilidad. Si hay algo que caracterizó a esa ley fue precisamente buscar que las empresas pagaran costos de mercado por el gas que compran, incluyendo las compras a relacionados, y los costos artificiales como los que se inventaron Metrogas y Agesa a partir de ese contrato firmado entre ellas a mediados de 2016 son, por definición, todo lo opuesto a un costo de mercado. Metrogas y Agesa evidentemente violaron la ley, y el hecho que se hayan acogido al artículo 12° transitorio no los libera de ese fraude”.

Por su parte, el abogado Andrés Rioseco, también patrocinante de la demanda, acota que: «La explicación de Metrogas, en cuanto a que las prácticas internacionales aconsejan separar el negocio de aprovisionamiento (la compra al por mayor) del negocio de distribución, es falaz, porque la verdad es que ellos no han dividido realmente esos dos negocios, desde que Metrogas y Agesa tienen exactamente los mismos dueños. La supuesta división no existe, tal como se los respondió la FNE en su informe”. La demanda pide se aplique a las demandadas una multa equivalente al 30% de las ventas ilícitas o bien el doble del beneficio económico obtenido con sus abusos, además de la disolución de Agesa, por tratarse de una sociedad instrumental cuyo único propósito de existencia ha sido hacer posible la maniobra defraudatoria de la ley, consistente en el aumento artificial de costos de Metrogas y el desvío de rentabilidad.

Economía

Ministro Grau opta por futbolito y se ausenta de encuentro clave para la minería mundial

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El Presidente Gabriel Boric arribó al importante evento Cesco Week mientras que el titular de Economía estaba jugando un partido tras excusarse “por un compromiso familiar”.

En la noche de este miércoles, el Presidente de la República Gabriel Boric le hablaba a los representantes de empresas mineras de todo el mundo en el marco de la cena de la minería Cesco Week 2024, una de las más relevantes de esta industria a nivel mundial. Encuentro que comenzó el lunes y finaliza este viernes. También participaron las ministras de Minería, Aurora Williams, y Medioambiente, Maisa Rojas.

Llamó la atención la ausencia del ministro de Economía, Nicolás Grau. El secretario de Estado había sido invitado al evento, según señalaron desde Cesco.

A las 21:00 dijeron en el medio Ex Ante, misma hora en la que se realizaba la cena, el ministro Grau se encontraba jugando un partido de futbolito en las canchas del Club Rinconada, ubicado en Huechuraba. Usaba una camiseta del club Colo-Colo y unos shorts azul marino.

Consultada la dirección de Comunicaciones del Ministerio de Economía, la respuesta oficial fue la siguiente: “El ministro tenía un compromiso familiar y se excusó con anticipación de la cena. Por eso fue además que pedimos estar presentes en la inauguración”.

Una hora y media después de la publicación de esta nota, el ministro Grau posteó en su cuenta de X lo siguiente: “Hay una nota señalando que no di importancia a CescoWeek. No es cierto. 1. Asistí el lunes a inauguración de CW 2. La cena partía a las 6:30 y llegué a Santiago a las 7:15 desde congreso (Huachipato) 3. Llegué a mi casa a cumplir deberes con mis hijos (partido fue 9pm, ellos ya dormían)”.

Sin embargo, de acuerdo con la agenda oficial de Presidencia divulgada en la mañana de este miércoles, estaba previsto que el Presidente Boric llegara a las 20:15 horas al encuentro junto con la ministra de Minería, Aurora Williams. El Mandatario realizó su discurso cerca de las 22:00 horas.

Vale decir: 60 minutos después de la hora en que afirma el ministro Grau que llegó a Santiago. Finalmente, el Presidente Boric arribó al encuentro cerca de las 21:00 horas, que es cuando el ministro Grau ya estaba en la cancha jugando futbolito.

El ministro ha estado en el ojo del huracán por el cierre de Huachipato. “Las mineras no deberían ser indiferentes; deberían ser parte de la solución”. Así lo expresó el ministro Grau en una entrevista a El Mercurio a finales de marzo, refiriéndose a la crisis de Huachipato. Aquellas declaraciones causaron revuelo en la industria minera.

“Tengo mis reparos acerca de esta actuación al nivel del Ministerio de Economía, porque hay que hacerlo con mucho cuidado. No somos indiferentes, ninguna empresa lo es, ningún chileno lo es, pero hay que tener mucho cuidado sobre la autonomía que a las empresas les corresponde para tomar sus decisiones con total libertad”, respondió Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería Sonami, el principal gremio minero del país.

La Cesco Week es uno de los eventos más importantes a nivel mundial de la industria minera. Y participan ejecutivos y autoridades relacionadas a las compañías más relevantes del cobre y la minería.

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Economía

Presidente de Gasco acusa despilfarro de enormes cantidades de recursos fiscales

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Foto: Matías Pérez Cruz, presidente de Gasco.

Matías Pérez Cruz aseguró además que “los niveles de delincuencia que está teniendo nuestro país no se habían observado jamás en su historia”.

En los últimos días, líderes de los grupos empresariales más importantes del país han lanzado severos cuestionamientos a las políticas que se han realizado en Chile, poniendo énfasis en temas como el estancamiento crónico de la economía y la ola de delincuencia en territorio nacional, y otras cuestiones que estarían poniendo cuesta arriba a la inversión.

Y esta vez se sumó una nueva voz crítica: la del presidente de Empresas Gasco, Matías Pérez Cruz, quien reparó sobre diversos aspectos referentes al desarrollo de negocios y seguridad que afectan al país, entre ellos los dirigidos a su propia actividad.

«Estamos orgullosos de la actividad empresarial que desarrollamos desde hace 168 años, pese a los malos ratos y a incomprensiones y ataques que hemos sufrido producto de una gran desinformación, y a veces, producto de una visión sesgada e ideológica de cómo debe funcionar una sociedad de parte de algunos», señaló en su discurso en el marco de la junta anual de accionistas de la compañía.

«Estamos convencidos, eso sí, de que sólo mediante el crecimiento sostenido de la economía, se puede llegar a la mejora en la calidad de vida de las personas», afirmó, pero agregó que «para que un país crezca, se necesitan reglas claras en las políticas públicas que perduren en el tiempo, y que incentiven y permitan una adecuada inversión, cuestión clave para el crecimiento de una economía y todo lo que esto conlleva: más empleos y mejores remuneraciones, mejor calidad de vida para los habitantes».

Otro punto que tocó es: «observamos también casos insólitos de estancamiento de desarrollo de proyectos que irían en bien del crecimiento de la economía o de un sector productivo específico, pero que por decisiones arbitrarias y una pesada burocracia estatal y de organismos de aprobaciones de permisos ambientales, están causando un debilitamiento muy preocupante de la institucionalidad ambiental con la grave afectación de la inversión».

Además, indicó que «un componente esencial para defender los valores institucionales es la seguridad, pilar fundamental para la estabilidad y la continuidad del Estado, así como para la vida y el bienestar de sus ciudadanos». «Los niveles de delincuencia que está teniendo nuestro país no se habían observado jamás en su historia, y esto por supuesto trae inseguridad y afecta la estabilidad».

Por ello, dijo al respecto que «a veces se observa una desidia o cierto nivel de conformismo con la inseguridad, con la arbitrariedad, con la nula aplicación de la Justicia a que están llamados los Tribunales de la República, con un lento e imperceptible deterioro y deconstrucción de los valores que han hecho grande a este país».

Asimismo, en su discurso recordó que «en el último tiempo hemos visto en Chile casos gravísimos de corrupción y de despilfarro de enormes cantidades de recursos fiscales obtenidos de los impuestos que pagan los contribuyentes y que han afectado gravemente la confianza pública, dando paso a un sentimiento de impotencia e injusticia, que nos preocupa».

«Por nuestra parte, estamos muy optimistas de que, rigiendo a plenitud el Estado de Derecho, y el correcto funcionamiento de las instituciones y el apoyo irrestricto a nuestras Fuerzas Armadas y de Orden para respetar y hacer respetar el Orden Público y seguridad de las personas en Chile, podremos retomar una senda de recuperación y contribuiremos en aquello», concluyó el presidente de Gasco.

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Economía

Golpiza a clientes revela contratación de migrantes ilegales como guardias en supermercado Lider

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Foto: Guardia de seguridad del Lider. Créditos: EMOL.

Una agresión física de parte de dos guardias privados del supermercado Lider contra unos clientes, dejó en evidencia que se trataba de inmigrantes ilegales, de origen venezolano.

La golpiza a un matrimonio y su sobrino adolescente por parte de dos guardias de seguridad en un supermercado Lider de La Florida, bajo la acusación de que habrían cambiado el precio de un trozo de carne el pasado sábado de Semana Santa, dejó al descubierto un incumplimiento a las normativas laborales, migratorias y de seguridad privada, tras detectarse que los vigilantes eran venezolanos que habían ingresado a Chile por un paso no habilitado.

La situación ocurrida en el local pone en jaque el compliance de la filial de Walmart Chile, respecto de su compromiso público de ser respetuosos con la legislación vigente y también el de su proveedor Incar Seguridad, empleador de los vigilantes.

Fue justamente en la audiencia de control de detención y formalización de los guardias Rayxon Granado Parra y Efraín Siosi Villasmil en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, donde el domingo pasado se conoció que ambos imputados eran venezolanos y guardias de Incar Seguridad. También por la confesión de ellos mismos, se supo que habían llegado a Chile usando un paso fronterizo irregular en la localidad altiplánica de Colchane y que no habían realizado trámite alguno para regularizar su situación migratoria.

La contratación irregular de estos guardias migrantes no es menor, si se considera que ocurrió a solo una semana de que se publicara, el 21 de marzo en el Diario Oficial, la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada, iniciativa impulsada por el propio retail para mejorar el desarrollo de esta industria.

La normativa busca regular esta actividad comercial que hoy es considerada estratégica, en medio de una coyuntura compleja que registra un aumento en la comisión de delitos por parte de bandas del crimen organizado y el reclutamiento de extranjeros migrantes en acciones de extorsión, secuestros, trata de personas, asaltos y homicidios.

El caso tampoco resulta trivial, dado que justo se produjo cinco días antes de la reunión que encabezó este jueves el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Bolbarán, con gremios de las empresas de seguridad privada y centros de abasto, para consensuar criterios del reglamento de la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada, que deberá promulgarse en los próximos 6 meses.

Y menos aún lo es si se toma al pie de la letra la declaración de principios de la cadena Walmart Chile, donde reafirma su compromiso con la ética y el cumplimiento de la legislación chilena. En su web institucional expresamente indica que “contamos, asimismo, con una gerencia de cumplimiento que se encarga de velar por el estricto respeto de las distintas legislaciones, normativas, reglamentos u ordenanzas que regulan nuestro actuar”.

Sobre este punto, a través de una declaración enviada a El Mostrador, Walmart Chile confirmó la existencia del incidente. Al respecto, señaló que “en cuanto tomamos conocimiento de éste, contactamos a la empresa Incar Seguridad –cuyos funcionarios cumplían labores en nuestra tienda–, para exigir el cumplimiento de la prestación del servicio de seguridad. Esto, con el debido cuidado de nuestros clientes, y el respeto de la ley, incluida la normativa migratoria. La empresa contratista informó haber desvinculado a los guardias involucrados”.

Sin embargo, pese a las consultas efectuadas sobre el control hacia sus prestadores de servicios, en cuanto al cumplimiento de las normativas legales chilenas y sobre el riesgo que reviste tener indocumentados trabajando en sus instalaciones, la empresa declinó pronunciarse al respecto.

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