El exministro comunista de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que antes «las familias no decidían nada. Las familias postulaban, y si había cupo o cumplían con algunos requisitos podían entrar. A mí me pasó. Mi mamá me llevó a un colegio de carácter confesional y le exigieron que mis papás estuvieran casados, y no lo estaban». 

El fin de la tómbola ha vuelto a formar parte del debate en torno al sistema educativo. Se trata de una propuesta que se transformará en un proyecto de ley por parte del Ejecutivo, iniciativa de la que ya había dado luces la ministra de Educación, María Paz Arzola, y que remarcó el Presidente José Antonio Kast en su Cuenta Pública.

«Tras una década en que un sistema centralizado entregó la admisión escolar prácticamente al azar, ingresaremos un proyecto de ley que ponderará el mérito de los alumnos y el derecho de los padres a elegir un proyecto educativo», dijo el Mandatario el pasado 1 de junio. Agregó que «Acercaremos las familias a las escuelas, daremos a los directores herramientas para volver a ser líderes pedagógicos y no meros administradores».

El Mineduc estaría afinando los últimos detalles para ingresar el proyecto de ley durante la próxima semana, e implicaría una reforma completa a la reforma que se creó durante el segundo gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y que dio paso al Sistema de Admisión Escolar (SAE).

Sobre este tema, el exministro comunista de Educación, Nicolás Cataldo, recordó esta mañana, en Radio Pauta, que cuanto él estuvo en el cargo, el Mineduc constituyó una comisión de expertos transversal, «de gente técnica, con posición política, que tuvo representando además las sensibilidades del Parlamento, donde de hecho estuvo María Paz Arzola, en ese tiempo, que representaba a una fundación vinculada a la oposición de esa época».

«Lo primero que dijo esa comisión fue que el SAE cumple su rol, es eficiente, pero hay que hacerle mejoras, pero los problemas no tienen que ver con el SAE como sistema, sino que con criterios, énfasis y cosas que se pueden trabajar, y se hizo una serie de recomendaciones», remarcó Cataldo. En esa línea, recordó que el gobierno del ex Presidente Gabriel Boric presentó un proyecto de ley que recogió algunas de las ideas de la comisión, «se dio una discusión en el Congreso, llegamos a un acuerdo en la comisión de Educación, aprobamos, fuimos a Hacienda, aprobamos, fuimos a la Sala. La UDI devolvió el proyecto a la comisión, lo volvimos a discutir, lo volvimos a aprobar y ese proyecto está en la Sala».

«Si se trabaja sobre ese proyecto que fue construido sobre la base de un informe técnico hecho de manera transversal, y si se aprueba ese proyecto que ya fue acordado transversalmente en las comisiones técnicas en el Senado, yo diría que uno puede avanzar en una buena dirección», dijo Cataldo. Por el contraste, advirtió que si la idea de fondo es «terminemos con cualquier forma o mecanismo de admisión que sea no discriminatorio; primero hay que cambiar la ley general y para eso hay que tener los votos de rango constitucional; y, segundo, digámoslo claramente, eso significa que las personas van a hacer filas afuera de las escuelas».

Con todo, subrayó que antes del SAE «las familias no decidían nada. Las familias postulaban, y si había cupo o cumplían con algunos requisitos podían entrar. A mí me pasó. Mi mamá me llevó a un colegio de carácter confesional y le exigieron que mis papás estuvieran casados, y no lo estaban. Esa era la realidad previa a la discusión de esta ley, no nos olvidemos de eso, porque parece que tenemos memoria a corto plazo».

«Una cosa es la salida voluntaria y otra es la expulsión, son mecanismos distintos y vamos a ir dando a conocer medidas para incentivar la salida voluntaria”, aseguró el Presidente.

A poco de iniciar su primera Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast, concedió una entrevista a 24 Horas en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

En la instancia, el Jefe de Estado repasó los principales nudos de sus primeros 81 días de gestión y fijó la postura del Ejecutivo frente a los desafíos en seguridad, economía y reformas estructurales.

Uno de los puntos centrales del diálogo estuvo marcado por la política migratoria. Al ser consultado sobre sus declaraciones previas, donde calificó como una «hipérbole» la promesa electoral de sacar del territorio nacional a 300 mil extranjeros en situación irregular, el Mandatario confirmó que es la cifra que espera concretar al final de su gobierno.

«Nosotros vamos a cumplir lo que dijimos en campaña», sostuvo, detallando que el plan contempla tanto la reconducción aérea como incentivos para el retorno a los países de origen: «una cosa es la salida voluntaria y otra es la expulsión (…) son mecanismos distintos y vamos a ir dando a conocer medidas para incentivar la salida voluntaria de las personas». Añadió: «Yo espero llegar a esa meta»

El Presidente también abordó el ajuste de su equipo ministerial, el cual se transformó en el más rápido desde el retorno a la democracia tras la salida de Trinidad Steinert y Mara Sedini. Kast declinó atribuir el cambio a deficiencias en la gestión interna y apuntó al clima político.

Manifestó que durante este período las críticas a sus ministras han sido de un carácter «más político que técnico», lo cual impedía que se tomaran medidas concretas.

«Se van sumando distintos factores, (…) pero una oposición que todos los días la está citando a ella u otros al Parlamento a exponer, y cuando la invitan le dicen ‘no, es que usted no puede presentar, no puede hacer una presentación’. Eso yo no lo había visto nunca”.

Los parlamentarios republicanos impulsan esta acción contra el ex ministro de Economía, pero en la UDI, afirman que no serán presionados a aceptar la exigencia.

La bancada de Diputados de la UDI fijó postura tras las recientes declaraciones del diputado Agustín Romero (Partido Republicano), en el marco de la acusación constitucional anunciada por el Partido Nacional Libertario contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, acción a la que posteriormente se sumó la colectividad republicana.

Cabe destacar que el diputado señaló este miércoles que si desde Chile Vamos no se sumaban a la moción, «tendrán que responder frente a su electorado».

El libelo se basa en los presuntos errores, «gastos escondidos» e inconsistencias en las proyecciones de deuda pública y el Informe de Finanzas Públicas presentados durante la administración anterior.

A través de una declaración pública, desde la UDI recalcaron que «como partido siempre hemos actuado con absoluta responsabilidad, convicción y autonomía política, sin someternos jamás a presiones ni amenazas de ningún tipo». En esa línea, enfatizaron que las decisiones en política deben adoptarse «sobre la base de fundamentos serios, no por emplazamientos públicos ni cálculos electorales que sólo buscan encubrir los evidentes problemas de conducción de quienes están detrás de estas acciones».

Asimismo, la bancada gremialista rechazó los dichos de Romero, calificándolos como impropios. «Resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros partidos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales», señalaron, agregando que «los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron».

En ese sentido, sostuvieron que hoy se requiere «actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que sólo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno». En el documento, además, manifestaron preocupación por la forma en que se dio a conocer la acusación.

Según indicaron, «es de especial preocupación y gravedad que el reciente anuncio se haya realizado primero a través de los medios de comunicación y no por las vías formales», subrayando que hasta ahora «no se han dado a conocer los fundamentos jurídicos que lo sustenta». «La seriedad de estas acciones exige rigor, antecedentes claros y un mínimo de coordinación política, condiciones que no se han cumplido», añadieron.

En esa misma línea, desde la UDI recordaron que en episodios anteriores de relevancia institucional, como la acusación constitucional contra la exministra de Justicia, Marcela Ríos, por los indultos otorgados durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, el Partido Republicano optó por votar en contra. Finalmente, la bancada aseguró que continuará enfocada en las prioridades ciudadanas.

«Seguiremos enfocados en lo que hoy más nos demandan los chilenos: impulsar buenas políticas públicas, responder a las principales urgencias sociales de nuestro país y contribuir con responsabilidad al buen funcionamiento del Gobierno. Nuestro compromiso es con Chile, no con este tipo de controversias», concluyeron.