Una agresión física de parte de dos guardias privados del supermercado Lider contra unos clientes, dejó en evidencia que se trataba de inmigrantes ilegales, de origen venezolano.
La golpiza a un matrimonio y su sobrino adolescente por parte de dos guardias de seguridad en un supermercado Lider de La Florida, bajo la acusación de que habrían cambiado el precio de un trozo de carne el pasado sábado de Semana Santa, dejó al descubierto un incumplimiento a las normativas laborales, migratorias y de seguridad privada, tras detectarse que los vigilantes eran venezolanos que habían ingresado a Chile por un paso no habilitado.
La situación ocurrida en el local pone en jaque el compliance de la filial de Walmart Chile, respecto de su compromiso público de ser respetuosos con la legislación vigente y también el de su proveedor Incar Seguridad, empleador de los vigilantes.
Fue justamente en la audiencia de control de detención y formalización de los guardias Rayxon Granado Parra y Efraín Siosi Villasmil en el 14° Juzgado de Garantía de Santiago, donde el domingo pasado se conoció que ambos imputados eran venezolanos y guardias de Incar Seguridad. También por la confesión de ellos mismos, se supo que habían llegado a Chile usando un paso fronterizo irregular en la localidad altiplánica de Colchane y que no habían realizado trámite alguno para regularizar su situación migratoria.
La contratación irregular de estos guardias migrantes no es menor, si se considera que ocurrió a solo una semana de que se publicara, el 21 de marzo en el Diario Oficial, la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada, iniciativa impulsada por el propio retail para mejorar el desarrollo de esta industria.
La normativa busca regular esta actividad comercial que hoy es considerada estratégica, en medio de una coyuntura compleja que registra un aumento en la comisión de delitos por parte de bandas del crimen organizado y el reclutamiento de extranjeros migrantes en acciones de extorsión, secuestros, trata de personas, asaltos y homicidios.
El caso tampoco resulta trivial, dado que justo se produjo cinco días antes de la reunión que encabezó este jueves el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara Bolbarán, con gremios de las empresas de seguridad privada y centros de abasto, para consensuar criterios del reglamento de la Ley N° 21.659 de Seguridad Privada, que deberá promulgarse en los próximos 6 meses.
Y menos aún lo es si se toma al pie de la letra la declaración de principios de la cadena Walmart Chile, donde reafirma su compromiso con la ética y el cumplimiento de la legislación chilena. En su web institucional expresamente indica que “contamos, asimismo, con una gerencia de cumplimiento que se encarga de velar por el estricto respeto de las distintas legislaciones, normativas, reglamentos u ordenanzas que regulan nuestro actuar”.
Sobre este punto, a través de una declaración enviada a El Mostrador, Walmart Chile confirmó la existencia del incidente. Al respecto, señaló que “en cuanto tomamos conocimiento de éste, contactamos a la empresa Incar Seguridad –cuyos funcionarios cumplían labores en nuestra tienda–, para exigir el cumplimiento de la prestación del servicio de seguridad. Esto, con el debido cuidado de nuestros clientes, y el respeto de la ley, incluida la normativa migratoria. La empresa contratista informó haber desvinculado a los guardias involucrados”.
Sin embargo, pese a las consultas efectuadas sobre el control hacia sus prestadores de servicios, en cuanto al cumplimiento de las normativas legales chilenas y sobre el riesgo que reviste tener indocumentados trabajando en sus instalaciones, la empresa declinó pronunciarse al respecto.