Karen Medina reveló que su proyecto combatirá al crimen organizado y al narcotráfico.

La diputada por la región del Biobío, Karen Medina, propuso la creación de una cárcel de alta seguridad en Isla Mocha, territorio que actualmente está administrado por la Municipalidad de Lebu.

En la propuesta se plantea que su ubicación geográfica aislada la convierte en un entorno propicio para garantizar la seguridad y el control de los reclusos. Además, su distancia del continente minimizaría el riesgo de fugas.

La necesidad de esta medida, según fundamentan, estaría en la crítica realidad que enfrenta el sistema penitenciario. Hasta octubre de 2023, la población carcelaria en Chile alcanzó las 54.678 personas.

Esta cifra supera significativamente las proyecciones iniciales que estimaban alrededor de 50,000 internos para el año 2024, evidenciando un aumento considerable en el uso de la prisión preventiva y una creciente sobrepoblación en los centros penitenciarios.

“Este proyecto no sólo contribuirá a descongestionar el sistema penitenciario en el continente, sino que también proporcionará una solución integral para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Isla Mocha», sostuvo la parlamentaria.

«Asimismo, la construcción de una cárcel de alta seguridad en este lugar estratégico ayudará a combatir el crimen organizado y el narcotráfico, protegiendo así la seguridad y el bienestar de nuestra sociedad en su conjunto”, agregó la parlamentaria.

Sin embargo, los residentes de Isla Mocha, territorio administrado por la Municipalidad de Lebu y en donde viven cerca de 700 personas, expresaron su desacuerdo, argumentando problemas de conectividad y falta de servicios básicos.

Lo anterior fue relatado por Carlos Garrido, un residente de la zona, quien contó que “hay una preocupación mayor que instalar una cárcel de alta seguridad en Isla Mocha, que es la conectividad aérea y marítima. La isla ya está transformada en una cárcel: a veces sin luz, y otras veces 15 días sin internet”.

El Mandatario trató de “muy coñetes” a las entidades financieras y les pidió más apoyo. La respuesta fue que la crisis económica mantiene estas restricciones de crédito.

El Presidente Gabriel Boric, volvió a generar polémica emplazando a la banca en medio de la crisis que viven la industria de la construcción e inmobiliarias, llamando a las entidades a no ser «coñetes» y facilitar el acceso a créditos.

«En Chile una de las industrias que más ha costado reactivar es la construcción, y quiero hacer un llamado a los bancos que han estado, como se dice, muy coñetes, en particular con las empresas de la construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos», señaló el Mandatario en entrevista con radio Rancagua.

Boric destacó la reducción de la inflación en el país, señalando que «estuvimos a casi 15% de inflación y este año vamos a llegar a la meta de 3% y, sin embargo, los bancos siguen sin prestar plata o poniendo muchas dificultades para los créditos a las empresas constructoras».

Además, según manifestó, «como Gobierno estamos haciendo un esfuerzo de gasto público importante. El Ministerio de Obras Públicas está con mucha fuerza invirtiendo en hospitales, en caminos, carreteras, en vivienda estamos haciendo el plan de emergencia habitacional, pero nos falta todavía reactivar más al sector privado».

«Entonces, acá necesitamos más apoyo de los bancos», dejó en claro el Presidente Boric su posición respecto a las entidades financieras.

Frente a esto, el gremio bancario Abif comentó que “efectivamente nos encontramos en un ciclo contractivo de la economía, la actividad se mantiene con un bajo dinamismo en general, y la banca no es la excepción”.

“En este marco, el Banco Central sistemáticamente ha estado reportando que el menor dinamismo crédito se asocia a condiciones principalmente de demanda. De hecho, en la última encuesta del Banco Central, se reporta que un 40% de los encuestados reportan menores niveles de solicitudes crediticias”, afirmaron los banqueros.

Añadiendo que “es un desafío país retomar mayores niveles de crecimiento, y continuar apoyando al crecimiento del país. En esta línea, y a modo de ejemplo del compromiso de la banca, en el programa Fogaes construcción se cursaron créditos a casi el 80% de las empresas elegibles según los criterios establecidos por el Gobierno, y durante la pandemia se aprobaron más de 500 mil créditos, por más de US$ 22 mil millones, a través de los programas Fogape covid-19 y Reactiva”.

La jefa de Viña del Mar calificó de grave que 75% de estas casas tengan riesgo de colapso: ya se observan filtraciones de agua y deslizamientos de tierra.

Si en el pasado las alcaldesas oficialistas de Viña del Mar y Quilpué, Macarena Ripamonti y Valeria Melipillán, manifestaron públicamente su descontento con el Gobierno, y más en particular con el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), por las demoras en el proceso de construcción de viviendas de emergencias -situación que por lo demás le costó el cargo al exdirector nacional, Álvaro Hormazábal-, la jefa comunal viñamarina nuevamente tomó la ofensiva contra la institución.

Esta vez, denunciando «deficiencias constructivas» en las viviendas de emergencia dispuestas por el Ejecutivo. Y es que luego de las intensas precipitaciones registradas el martes en la Región de Valparaíso, damnificados del megaincendio denunciaron que sus viviendas de emergencia sufrieron filtraciones de agua y de viento durante el paso del sistema frontal, exponiendo a las familias siniestradas a las gélidas temperaturas.

Tras las primeras precipitaciones intensas del año, la alcaldesa Ripamonti aseveró que las viviendas transitorias proporcionadas por Senapred «no cumplieron con los estándares técnicos», por lo que «hoy tienen a las familias húmedas, mojadas, (…) por no construirse de manera adecuada».

Y este miércoles la jefa comunal fue más allá y, a través de un extenso comunicado, informó que la Municipalidad de Viña del Mar había alertado hace casi dos meses del mal estado de las construcciones, mediante oficio presentado el 12 de marzo y reiterado el 12 de abril a Senapred y a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso.

El escrito detalla que, de acuerdo al informe técnico levantado por equipos municipales, de un total de 100 viviendas de emergencia inspeccionadas, de manera preocupante «más de un 75% presenta observaciones importantes en sus fundaciones, desde polines sin hormigonar, envigado de piso mal instalado, hasta apoyos de hormigón sobre relleno».

Situación por la cual, «al ser afectada por agentes externos como aguas lluvias o cargas sísmicas, están en riesgo de colapso», advierte la alcaldesa Ripamonti en el oficio remitido a la DPR y a Senapred. «Lo anterior —sostiene la jefa comunal— resulta grave, por cuanto además de no garantizar una vivienda digna, expone a sus ocupantes a situaciones de peligro, más aún, con la llegada del invierno y las lluvias, lo que traerá consigo filtraciones y eventuales deslizamientos de tierra».

Asimismo, la administración municipal identificó otras deficiencias, como la falta de sellos en puertas y ventanas, caballetes de techo mal instalados, planchas que sobresalen de manera sobredimensionada del alero de la vivienda -siendo vulnerables ante fuertes vientos- y falta de botaguas en la parte inferior de la puerta principal. A raíz de estos hechos, Ripamonti advierte que las empresas constructoras contratadas para la instalación de viviendas de emergencia han llevado a cabo un «incumplimiento reiterado» de las condiciones que exige Senapred, ya que estas «no han respetado los estándares de habitabilidad».

Por ello, solicita a la Delegación Presidencial que informe todos los contratos suscritos con las firmas constructoras y que «adopte todas las medidas contractuales y extracontractuales necesarias, con el fin de atender esta situación en el menor tiempo posible». Sin embargo, hasta la fecha el oficio de la alcaldesa no ha sido respondido por la DPR.