Sergio Muñoz será formalizado, en el marco del caso Audios, donde todas las investigaciones apuntan a posibles pagos de coimas a funcionarios públicos y tráfico de influencias.
En el marco del caso Audios, fueron allanados la mañana de hoy viernes el domicilio y la oficina del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz Yáñez, por personal del OS-7 de Carabineros.
Las órdenes de entrada y registro fueron solicitadas por la fiscalía Oriente el pasado jueves 14 de marzo. Esto se fundamenta en las pericias del celular del abogado Luis Hermosilla, quien está imputado en la causa, desde el cual se obtuvo información que daría cuenta de hechos constitutivos de delitos que involucrarían a la máxima autoridad de la policía civil.
Por lo anterior, la fiscalía solicitó fecha y hora para formalizar a Sergio Muñoz, por el delito de Infracción artículo 31 de la Ley 19.913 e Infracción artículo 246 del Código Penal. Esto último se enfoca en sancionar al empleado público que indebidamente anticipe en cualquier forma el conocimiento de documentos, actos o papeles que tengan a su cargo.
El caso surgió a raíz de la grabación de una conversación entre Daniel Sauer con los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos, que fue registrada a mediados del año pasado, pero conocida en noviembre a través del medio de comunicación Ciper.
Según el audio, los involucrados hablan de presuntos pagos irregulares -llamados coimas- a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión del Mercado Financiero (CMF). Esto, para obtener información privilegiada, en tráfico de influencias.
El SII reintegró recientemente a sus funciones al jefe de Grandes Contribuyentes, Christian Soto Torres, suspendido a fines del año pasado en el marco de la causa. En tanto, según Evelyn Apaleo, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del SII (Aneiich), también dio a conocer que las cinco suspensiones de funcionarios del SII por el caso «han sido levantadas».
Los tres involucrados en el audio, se encuentran en calidad de imputados por el delito de soborno. Por el momento, la PDI no ha entregado declaraciones respecto del procedimiento.
Desde la PDI indicaron que “la institución y el Director General, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezcan judicialmente los hechos».