Se tomará por quebrantada la medida cautelar cuando la persona formalizada obtenga, entre otras cosas, beneficio económico con estas plataformas para adultos.
A propósito de la participación de Camila Polizzi y Cathy Barriga en plataformas para adultos, parlamentarios del Partido Demócrata y de la bancada de IND-PPD están impulsando un proyecto de ley que busca restringir el uso de redes sociales durante el desarrollo de la reclusión parcial a personas formalizadas.
La iniciativa busca evitar que estos individuos utilicen plataformas digitales para beneficiarse económicamente o interferir en el desarrollo de investigaciones penales.
El proyecto establece específicamente que «se entenderá quebrantada la cautelar establecida en el presente artículo cuando, a través de publicaciones, comunicaciones o actos en redes sociales o medios tecnológicos, el formalizado se comunique u obtenga beneficio pecuniario para sí o para un tercero, o mejore su posición social o comunicacional, o ponga en riesgo la investigación».
Además, se menciona que, en casos calificados, el juez podrá autorizar comunicaciones siempre que no afecten el avance de la investigación. La propuesta surge a raíz del caso de Camila Polizzi, excandidata a alcaldesa de Concepción, formalizada por fraude al Fisco en relación con irregularidades en el traspaso de fondos por parte del Gobierno Regional a la Fundación “En Ti”, un caso que ha sido apodado «Arista Lencería».
Los mocionantes acusan que desde su arresto domiciliario, decretado el 30 de noviembre de 2023, Polizzi ha mantenido su presencia en los medios, no por los delitos que se le imputan, sino por compartir contenido para adultos en la plataforma OnlyFans.
Recientemente, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, también se unió a este fenómeno, anunciando su incorporación a la plataforma Onfayer, lo que impulsó a los legisladores a presentar la iniciativa.
Los legisladores firmantes del proyecto argumentan que «la figura del arresto domiciliario se distorsiona cuando permite a los imputados beneficiarse de actividades remuneradas que, en otras circunstancias, no serían viables sin la cautelar alternativa, lo que podría incluso llevar a la comisión de nuevos ilícitos».
Y la jefa de bancada, Joanna Pérez (demócrata), enfatizó que «hemos visto que se utilizan distintas plataformas para lucrar y burlarse de la justicia. La gente está cansada de que otros se rían de las leyes».
Por su parte, la diputada independiente y jefa de bancada IND-PPD, Camila Musante, destacó que «el problema no está en la distribución del contenido adulto en sí, sino en el requisito previo que implica estar formalizada por delitos de corrupción». Afirmó que este proyecto es una señal clara frente a la crisis de corrupción a nivel municipal, indicando que “no queremos que estas prácticas sigan creciendo”.