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Economía

Fiscalía Económica detecta precios no competitivos en funerarias y cementerios

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La FNE constató además en su sondeo que empresas del sector fúnebre realizan ventas atadas y un empaquetamiento de productos y servicios asociados al valor del ataúd.

 

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) realizará su séptimo Estudio de Mercado, sobre el sector que se compone principalmente de las empresas funerarias y de los cementerios que operan en el país.

 

La FNE seleccionó este mercado por variadas razones, entre ellas que, en un sondeo preliminar, observó una alta dispersión de precios en el mercado para servicios y bienes que son muy similares entre sí, lo que podría explicarse por sesgos de comportamiento, como el hecho de que las personas normalmente contratan estos servicios o bienes bajo una alta vulnerabilidad emocional, producto del reciente fallecimiento de un ser querido.

 

Asimismo, existe escasa información pública sobre los precios y servicios que entregan las funerarias y cementerios, por lo que las personas enfrentan altos costos de búsqueda, especialmente considerando que deben tomar una decisión en un tiempo acotado dado que la regulación sanitaria exige realizar los servicios funerarios dentro de 48 horas de producido el fallecimiento. Lo anterior puede llevar a que las personas no tomen decisiones racionales y a que los precios no sean propios de un mercado competitivo.

 

En tanto, la FNE también constató en su sondeo que empresas del sector realizan ventas atadas y empaquetamiento de productos y servicios asociados al valor del ataúd, tales como arreglos florales, obituarios en la web, imágenes religiosas y acompañamientos del servicio fúnebre, entre otros varios.

 

Asimismo, en estudios similares realizados en España y el Reino Unido se encontró la existencia de restricciones verticales, que se manifiestan a través de acuerdos formales e informales entre las empresas de cementerios y servicios funerarios, o incluso de hospitales y servicios funerarios. Ambas prácticas no necesariamente son problemáticas para la competencia, pero deben ser analizadas en profundidad por sus posibles efectos explotativos de los consumidores o efectos exclusorios de competidores.

 

“El mercado de funerarias y cementerios es muy relevante para la población, porque obliga a las familias a realizar un gasto ineludible, muchas veces inesperado, en un momento de gran vulnerabilidad emocional, y que representa un porcentaje importante de su presupuesto mensual. Por eso, vamos a analizar cómo está funcionando para detectar sus fallas y poder hacer las recomendaciones que permitan mejorar la competencia en beneficio de las personas”, señaló el Fiscal Ricardo Riesco.

 

El estudio abarcará todas las etapas del mercado, incluyendo desde la contratación de servicios en vida (seguros y sepulturas por necesidad futura) hasta posibles exhumaciones y nuevas inhumaciones, pasando por la contratación de servicios funerarios y de sepultura o cremación, tanto en instituciones públicas como privadas.

 

De acuerdo con información disponible en el Instituto Nacional de Estadísticas, en Chile mueren alrededor de 110 mil personas al año, con un alza de 2% anual, y, según datos del Ministerio de Salud, en el marco de la pandemia causada por el COVID-19, este número aumentó a casi 126 mil en el 2020, cifra 7,5% superior a la estimada en ausencia de la crisis sanitaria.

 

Los fallecimientos se traducen en gastos significativos para las familias, sobre todo considerando los altos valores que tienen los servicios funerarios y de sepultura, y el relativo bajo nivel de ingresos de la familia promedio. Según constató la FNE en el mencionado sondeo preliminar, los paquetes ofrecidos por las funerarias pueden costar entre $ 1 millón y $ 5 millones, lo que se suma a los valores de sepulturas que van desde $ 150 mil hasta $ 149 millones.

 

Así, los gastos asociados a funerales y sepulturas o cremaciones pueden representar al menos 28% del ingreso mensual de los hogares chilenos, tomando en consideración la mediana del ingreso por vivienda nacional, estimado en entre $ 800 mil y $ 836 mil en los últimos tres años conforme a datos del INE.

Economía

Gobierno pega portazo: advierte que no apoyará nuevos retiros de dinero desde AFP

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Foto: Ministras Jeanette Jara y Camila Vallejo.

La ministra del Trabajo, Jeanette Jara, sólo está enfocada en una reforma previsional, pero el 72% de los chilenos, según estudio de Chiledeudas, usarían sus fondos de pensiones.

El Gobierno se refirió a las distintas iniciativas que han surgido en el Congreso para tramitar un nuevo retiro de dinero de las AFP, descartando de manera tajante cualquier apoyo a este tipo de proyectos.

La situación surge a raíz de que esta semana la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados comenzará a revisar las cinco iniciativas presentadas para permitir realizar retiros de fondos de pensiones.

Y en ese contexto, la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, señaló que “el Gobierno ha hecho un ejercicio importante de buscar acercamientos con la oposición en esta materia”.

“Entendemos que son cinco iniciativas legales que se van a refundir. Nosotros como Ejecutivo no las vamos a apoyar, pero reiteramos nuestro llamado urgente a que la reforma previsional avance”, señaló la ministra Jara.

Un estudio de Chiledeudas -que incluyó sobre 3.000 personas a nivel nacional- dio a conocer que, de quienes pueden retirar dineros desde sus fondos de pensiones, 72% realizaría esta operación y solamente el 28% afirman que no lo concretarían.

¿Y el género? La medición reveló que 55% de los que materializarán retiros de AFP son hombres y el 45% son mujeres.

Como contexto, cerca del 35% de quienes cotizan en AFP, quedaron sin dinero en sus fondos de pensiones luego de los anteriores retiros, esto es más de 3 millones de habitantes, con lo que 8,5 millones de personas son potenciales beneficiarios.

Tomando en cuenta el uso de estos dineros, 50% de las personas utilizarán los recursos en pagar sus deudas, mientras que 16% de los encuestados manifestó que ocuparán los montos en gastos principalmente del hogar como remodelaciones y ampliaciones, 15% en inversión para emprender, 12% para comprar productos básicos que incluyen alimentos y remedios, y sólo el 7% en ahorro.

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Economía

Más carabineros y más control migratorio: Gobierno anuncia medidas por ola de homicidios

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Foto: Carolina Tohá y Manuel Monsalve. Créditos: Agencia Uno.

Carolina Tohá anunció la creación de una fuerza conjunta entre Carabineros y PDI, con apoyo de la Fiscalía. Quienes cometieron los delitos son venezolanos y dominicanos.

La vicepresidenta Carolina Tohá anunció una serie de medidas para enfrentar los homicidios en la región Metropolitana. Sólo el último fin de semana largo terminó con 17 asesinados.

Los dos hechos que más impactaron fueron balaceras en Quilicura y en Lampa. En el primer hecho murieron cuatro adolescentes de entre 13 a 17 años; mientras que, en la segunda, cinco extranjeros perdieron la vida.

Por ello, esta mañana se realizó una reunión en La Moneda liderada por Tohá, junto con el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve; el fiscal nacional, Ángel Valencia; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez; el director general de PDI, Eduardo Cerna; y el delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán.

La vicepresidenta señaló que los hechos ocurridos en los últimos días, protagonizados por venezolanos y dominicanos, “son motivo de gran preocupación, son delitos extremadamente graves”.

Por ello, indicó que la situación requiere un “esfuerzo adicional. Desplegar estrategias que complementen lo que estamos haciendo como Estado”.

Tohá resaltó que las medidas tomadas hasta ahora han surtido efecto en otras regiones del país, bajando las cifras de homicidios, lo que no ha ocurrido en la capital. Sin ir más lejos, al 14 de julio de 2023 había 253 homicidios, mientras que este año se acumulan 256.

A raíz de ello, se establecieron varias medidas. La primera es crear una fuerza de tarea conjunta entre Carabineros y la PDI, con apoyo de la Fiscalía, relacionada con sus capacidades de inteligencia.

Además, señaló Tohá, a nivel de Carabineros habrá un reforzamiento de dotaciones. Por ejemplo, 500 policías a punto de egresar se quedarán en la región Metropolitana.

Junto con ello, se reordenará la actividad en comisarías y cuarteles, para poner a disposición más personal para los territorios.

Sobre la PDI, apuntó que se mejorarán las capacidades de control de armamento que circula en las calles.

Finalmente, declaró que se acelerará una nueva etapa del plan de la Fiscalía ECOH, reforzando su espectro para cubrir delitos que hoy no están dentro de su espectro.

El ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, detalló algunas de las medidas indicadas por Tohá.

Por ejemplo, agregó que la PDI también propondrá una estrategia para mejorar el control migratorio en la región Metropolitana, tal como se realizan los controles de identidad.

También detalló que la Fiscalía ECOH sumará a su espectro dos delitos que no son homicidios y secuestros. Se trata de ilícitos contra las personas que requieren acción oportuna y delitos cometidos por delincuentes prolíficos que se sabe que vulneran constantemente la ley.

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Parlamentarios acusan a ministro de Energía de ocultar primera alza en cuentas de luz

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Foto: Ministro de Energía Diego Pardow.

Los diputados de la “bancada eléctrica” afirman que Diego Pardow jamás informó que las cuentas de luz subirían 7,2% como lo reveló el IPC de junio.

Una inesperada alza de 7,2% en las cuentas de la luz reveló el índice de Precios al Consumidor (IPC) en junio, debido a un decreto promulgado el mes pasado que reajustó las tarifas de la distribución eléctrica. Esto, previo a la gran subida que inició en julio y que ha gatillado un remezón político de proporciones en La Moneda.

La situación molestó a varios parlamentarios, que acusan al ministro de Energía, Diego Pardow, de «ocultar información». Esto, considerando que en las últimas semanas, con el titular de la cartera, han discutido largamente medidas para contener otra alza: la ligada al descongelamiento de las tarifas eléctricas, que comenzó este mes y que llevará a subidas de hasta cerca de un 60% a algunos clientes.

Quienes critican al ministro son fundamentalmente diputados de la denominada «bancada eléctrica», que se conformó con el objetivo ampliar las ayudas para los clientes que sufrirán las alzas en energía.

Entre ellos, se encuentra en diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas), quien señala que «lo impresentable es que al ministro de nuevo lo pillamos ocultando información, pues cuando se tramitó la ley de estabilización tarifaria él nunca nos comunicó de estas alzas, entonces nuevamente dificultó la tarea a los diputados, pues no teníamos la información completa».

En esa línea, el parlamentario asegura que «esta actualización la hicieron ahora, justo cuando se aplicó la otra alza. El Gobierno no dimensiona el impacto grave de estas alzas que se suman al 7,2%». El diputado Rubén Oyarzo (Ex PDG) va más allá. «El Gobierno ha actuado de mala fe al ocultar a la ciudadanía los decretos que decían que iba a aumentar en un 7,2% la electricidad en el mes de junio».

Asimismo, sostiene que «lo venimos diciendo hace harto rato: nos está ocultando información el ministro, con los proyectos de ley, pero también ahora, con los decretos que ha sacado». «Por eso -añade- estamos juntando firmas para una sesión especial, para que nos venga a dar explicaciones. Porque lamentablemente vemos que en la mesa técnica no nos están dando las explicaciones correspondientes».

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Jaime Araya (PPD) asevera que «están apareciendo elementos sucesivos que siembran la duda sobre la información que tuvimos a la vista durante el proceso legislativo». Así, señala, «el Gobierno nos debe una explicación muy detallada sobre lo que ha ocurrido y de dónde sale este 7,2%, que parece un conejo adentro del sombrero, que se va a sumar al tarifazo que viene».

Por último, indica que » estamos a tiempo de pensar una solución de largo plazo, estructural y no una de parche, como la que hoy nos tiene aquí». «Esta alza nunca fue informada, lo que evidencia nuevamente que aquí se legisló sin todos los antecedentes sobre la mesa y confirma lo que hemos venido denunciando en relación a que el ministro Pardow no fue claro al momento de tramitar esta ley», dice, por su parte, la diputada Marlene Pérez (Ind. UDI).

Mientras, la parlamentaria Natalia Romero (Ind. UDI), también concuerda con los demás parlamentarios. «Durante la tramitación del proyecto de estabilización tarifaria, no se contó con todos los antecedentes sobre la mesa. Lo importante ahora es saber si el ministro Pardow no sabía que en junio también iban a subir las cuentas de la luz, por concepto de distribución, o en verdad siempre supo y no quiso entregar la información».

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