Afuera del Centro de Justicia, adherentes del Partido Comunista manifestaron apoyo al alcalde de Recoleta, lo que fue criticado como presión al Ministerio Público en su formalización.

En el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago se desarrolla hoy miércoles la formalización en contra del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), por delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, los cuales habría cometido cuando lideró la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), paralelamente en el exterior del lugar se manifestaron adherentes del Partido Comunista en apoyo a su correligionario, lo que fue criticado por todos los sectores políticos por ser una presión a la justicia que quiere prisión preventiva.

Y el Fiscal Metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, leyó las imputaciones contra el jefe comunal y el resto de los acusados. Compra de material médico El persecutor sostuvo que los acusados obligaron a la asociación a realizar una «liquidación forzosa» tras una serie de «diversas operaciones abusivas».

Expuso que en junio del 2020, el alcalde -en ese momento presidente de Achifarp- acordó con el imputado Raúl Moraga -secretario ejecutivo del grupo- «la compra de 1.000 termómetros infrarrojos, 80.000 cajas de mascarilla de tres pliegues, 290.000 mascarillas KN95, 220 cajas de guantes de nitrilo y 16.000 pecheras desechables con ojal, obligando a Achifarp en una suma total de $1.384.817.875». Las especies fueron entregadas a la asociación municipal y la mayoría de ellas quedaron en «bodegas y sin uso», dijo Armendáriz.

A su vez, ambos imputados «utilizaron el patrimonio social de la Achifarp, conformado por las cuotas ordinarias, para pagar una contratación abusiva por un monto parcial de $240.556.660 a la empresa proveedora y la suma de $195.285.932 a las empresas de factoring que recibieron facturas cedidas, sin velar por el buen uso de éste», de acuerdo por lo expuesto por la fiscalía. Según el Ministerio Público, los imputados realizaron estas acciones de forma manifiestamente contraria a los intereses de la asociación, toda vez que no contaba con recursos suficientes para hacer frente a la operación, generando una deuda correspondiente a $1.012 millones a la empresa proveedora y de $76.516.000 pesos a las empresas de factoring por las facturas cedidas, lo que da un total de deuda por esta operación de $1.089.260.100″.

También relató que «la mayor parte de la mercadería adquirida no fue entregada a los municipios asociados». El persecutor sostuvo que el imputado José Matías Muñoz vendió un vehículo de propiedad de la asociación municipal a un cercano, generando condiciones desventajosas para la Achifarp. Jadue, en su calidad de presidente de asociación, «suscribió el contrato de compraventa de la camioneta». Armendáriz dijo que «la operación de venta evidentemente fue desventajosa para la asociación, pues disminuyó el activo social sin generar liquidez». Además, dijo que la camioneta no fue pagada en su totalidad.

«El imputado José Matías Muñoz Becerra, habiendo asumido su cargo de Secretario Ejecutivo de la Achifarp, compró (…) 2.000 glucómetros con kit de tiras reactivas, 20 glucómetros y 4.000 cajas de tiras reactivas y lancetas marca Control-D, por la suma de $49.144.644», dijo el fiscal, agregando que también compró «150.000 mascarillas KN95 y 400.000 mascarillas de 3 pliegues, en la suma de $242.998.000». Según el persecutor, las operaciones de Becerra se realizaron abusando de las facultados que tenía, precisando que estos elementos también quedaron en bodega y generaran una deuda. Lo anterior generó una deuda de $217.198.000 y producto de la morosidad, inició una causa civil.

«El imputado Óscar Daniel Jadue Jadue, en su calidad de presidente de la Achifarp, al tomar conocimiento de la operación abusiva, validó la operación negociando con la empresa proveedora prórrogas y formas de pago, girando cheques a su favor utilizando el patrimonio social en perjuicio de la Achifarp», sostuvo. El Ministerio Público también señaló que tanto el alcalde de Recoleta como Muñoz Becerra, «a sabiendas del estado financiero» de la organización, ejecutaron un proyecto que consistía «en la creación de una farmacia de la Achifarp «para la venta de medicamentos e insumos al público en general». Para ello, según el organismo persecutor, el jefe comunal «suscribió un contrato de arrendamiento de inmuebles ubicado en Avenida Los Leones», mientras que Muñoz Becerra contrató a una empresa para la adecuación del inmueble.

«Esta farmacia funciona en el lugar indicado desde octubre del 2021 a mayo del 2022, con venta de medicamentos y productos al público en general, pagando un total de rentas de arrendamiento de $70.359.121», sostuvo Armendáriz. Producto del sobrestock de elementos médicos, Becerra realizó un remate de los productos «a un precio irrisorio». Esta operación, dijo el fiscal, recaudó cerca de $40 millones, de los cuales sólo se depositaron cerca de $20 millones en la cuenta de Achifarp. Armendáriz aseguró que el alcalde Jadue cometió el delito de estafa, ya que «aparentó capacidad económica y bienes suficientes para responder» a un contrato de compraventa de elementos médicos. El jefe comunal realizó lo anterior «sabiendo que a esa fecha no tenía recursos suficientes para enfrentar la operación», acusó el Ministerio Público.

Según el Ministerio Público, durante 2020, el jefe comunal concertó reuniones con César Ramírez, representante de la empresa Best Quality, para negociar la compra de productos. El jefe comunal «le solicitó un beneficio económico como bonificación a cambio de concretar el negocio consistente en una donación de productos», dijo el persecutor. La donación se realizó y la mercadería fue entregada en la dependencias del Partido Comunista, según afirmó el persecutor. El Ministerio Público sostuvo que el alcalde de Recoleta realizó durante el 2020 «celebró un convenio de colaboración en proyecto de desarrollo con la Universidad de Concepción» para «realizar un ensayo clínico y posterior fabricación de 180.000 dosis del medicamento llamado Interferón».

Jadue comprometió a la Achifarp con un monto total de $229.789.200. «El imputado Oscar Daniel Jadue Jadue, a sabiendas de que el proyecto con la Universidad de Concepción no contaba con autorización para la fabricación del medicamento Interferón (…) y participando como concejal de la Ilustre Municipalidad de Recoleta y ejerciendo el cargo de presidente de la Achifarp, entregó información falsa al consejo Municipal de Recoleta con el objeto de que autorizara la entrega del aporte extraordinario solicitado por Achifarp , afirmando que se habían concedido todos los permisos por parte del ISP sobre producción de las dosis del medicamento».