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Economía

“La economía chilena está sobrecalentada: hay que cortar retiros desde AFP”

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Imagen: Economista Alejandro Alarcón.

El economista Alejandro Alarcón advierte que, si no se logra controlar la inflación, aumentada por retiros de dinero desde AFP y el IFE Universal, las finanzas chilenas no crecerán el próximo año.

Hace algunos días, en su Reunión de Política Monetaria, el Consejo del Banco Central de Chile acordó por unanimidad incrementar la tasa de interés de política monetaria en 75 puntos base, hasta 1,5%, con un alza que sorprendió al mercado y que busca contener la expansiva inflación.

Frente a esto, el economista Alejandro Alarcón manifiesta a Tevex que “me parece que es una buena señal, para volver a la inflación al rango meta. Paralelamente, el costo del crédito subirá, y es la manera en que funciona el mecanismo, pues teníamos una demanda interna muy fuerte, ritmo que no puede sostenerse sin una inflación importante”.

De acuerdo con el experto, la inflación debería terminar entre 5% y 5,5% este año -lejos del rango meta de 3%-, “pero veremos cómo reacciona la economía durante los próximos meses con ésta y las próximas alzas en tasas de interés”.

En tanto, el economista advierte que “la economía chilena ya está sobrecalentada y yo insistiría por ello en terminar con el subsidio IFE como algo universal, pues hay gente que la está pasando muy mal y otra no que igualmente lo está recibiendo, al mismo tiempo, cortaría de una vez por todas los retiros de dinero desde AFP”.

“La clave es volver al equilibrio, si no logramos ajustar la actual trayectoria de la inflación y se sigue reduciendo la tasa de inversión en Chile, lamentablemente será muy difícil que tengamos una economía con crecimiento el próximo año”, expone Alarcón.

Economía

Inician estudio que facultará a Enap para distribuir y comercializar gas licuado

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Enap vende en San Fernando el kilo de gas licuado a 556 pesos en invierno, pero luego, se compra tres veces más caro por parte de la ciudadanía, por la falta de competitividad del mercado.

 

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados inició la discusión de un proyecto, originado en moción, que autoriza a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) para distribuir y comercializar, a consumidores finales, gas licuado de petróleo y gas natural.

 

La idea matiz de la iniciativa propone que la distribución sea a nivel mayorista o minorista. Su comercialización, en tanto, se realizaría a todo consumidor final. Bajo tal idea, Enap podría intervenir el mercado de la distribución del gas a nivel nacional, en todos sus niveles, como nuevo competidor. Ello, se espera, generaría mejores condiciones de competencia que permitan una disminución en el precio de venta del gas.

 

La instancia recibió al autor principal de la iniciativa, diputado Gastón Saavedra (PS). Este indicó que el proyecto surgió al conocer los resultados del informe que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde indicó los graves problemas de competitividad que tiene este mercado.

 

Señaló que es una situación que afecta al 80 % de las familias que usan cilindros de gas y al 20% adscrita a las redes de cañería. En este plano, sostuvo que “no hay una competencia real”.

 

Comunicó que la Enap vende en San Fernando el kilo de gas licuado a 556 pesos, en invierno, que, luego, se adquiere tres veces más caro por la ciudadanía. “Nos parece que el tratamiento de este proyecto contribuiría a un elemento de justicia y de beneficio social”.

 

Para continuar con este debate, el presidente de la instancia, diputado Esteban Velásquez (FRV), informó que invitarán al ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet. Además, asistirían el presidente del Sindicato de la Enap Petrox, Iván Montes, y el gerente general de la empresa, Andrés Roccatagliata.

 

Fundamentos del proyecto

 

En sus fundamentos, los autores de la moción aluden a la regulación actual de la industria del gas. Exponen que la Constitución establece que corresponde al Estado el dominio, absoluto e imprescriptible, de todas las minas. Ello comprende los depósitos de hidrocarburos y las demás sustancias fósiles.

 

Asimismo, señala que es la ley la que determinará aquellas sustancias que podrán ser objeto de concesiones de exploración. Ante ello, precisa que los beneficios de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, pueden ejecutarse directamente por el Estado y sus empresas. De igual modo, pueden desarrollarse por medio de concesiones administrativas o contratos especiales de operación.

 

Enseguida, puntualiza que la iniciativa se funda en la disposición constitucional relativa a Estado empresario. Ella establece que este y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales sÓlo si una ley de quórum calificado los autoriza. Sobre el punto, recordar que esto implica la aprobación de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

 

Finalmente, sostiene que, por esta vía, se podrá otorgar un servicio de gas domiciliario que impida la coordinación entre oferentes privados u otras distorsiones en el mercado.

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Economía

Acusan que nueva alcaldesa de Santiago ha perjudicado a los emprendedores

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Foto: Marcos Rivas, presidente de la Asech.

Marcos Rivas, presidente de la Asech, afirmó que el otorgamiento de patentes para el comercio ambulante y el cambio de Lollapalooza, van en contra del desarrollo de las Pymes.

La Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) se fue en contra del Municipio de Santiago, denunciando que la nueva administración encabezada por Irací Hassler, ha realizado diversas acciones que han perjudicado a los emprendedores y las empresas de menor tamaño.

“Creemos que se han sucedido una serie de hechos desafortunados para el mundo emprendedor y las pymes. Primero, cuando se anunció en su minuto el otorgamiento de patentes para el comercio ambulante que va en detrimento de la formalización, que es el camino correcto. Segundo, con el caso Lollapalooza que pone en jaque 9 mil puestos de trabajo de una industria que no opera hace dos años. A eso se suma lo afectado que está el comercio minorista del centro y barrio Lastarria por los saqueos y actos de violencia”.

“Y ahora, lo ocurrido con los Chinchineros que fueron segregados porque el espacio habitual que ocupan está tomado por los ambulantes. Así no hay cómo levantar a las Pymes. Quién se hace cargo de todo esto”, señaló Marcos Rivas, presidente de Asech.

Además, Rivas agregó que “estamos muy preocupados porque en términos de responsabilidad administrativa vemos una falencia. Nos llama la atención que para algunos casos se haga consulta ciudadana y para otros no, transfiriéndole esa responsabilidad a la ciudadanía en algunas ocasiones. Por ejemplo, se pensó en hacer consulta ciudadana cuando se anunció el entregar patentes provisorias al comercio ambulante”.

“Tuvieron opción de decir algo los vecinos y el comercio establecido. Se consulta cuando se realizan marchas y los comerciantes ven afectados sus negocios. Seamos claros y propiciemos políticas en favor del emprendiendo y no en contra”.

Finalmente, en Asech se manifestaron sorprendidos en términos de cultura y patrimonio, al poner en riesgo el Lollapalooza, que genera 9 mil puestos de trabajo y que apalanca a 70 ONG´s, emprendimientos y fundaciones. Y luego, limitando y exiliando al olvido a los chinchineros.

“Nos ponemos a disposición de la alcaldía para ayudar en materia de comercio, emprendimiento, de barrios afectados y de cómo impulsar a las Pymes en una región clave para el mismo. Debemos ser promotores del emprendimiento y del fortalecimiento de las empresas de menor tamaño y esperamos que juntos con la autoridad, la sociedad civil, las empresas y el ecosistema emprendedor todos rememos en la misma dirección”, acotó Rivas.

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Economía

Encuesta: 90% de las pymes rechazan indulto a presos del estallido social

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Un estudio de la Multigremial Nacional mostró que 91,4% de los emprendedores afirman que las pequeñas y medianas compañías deben ser indemnizadas por daños sufridos en estallido social.

 

Un 90% de los gremios, pymes y emprendedores de todo Chile no está de acuerdo con el proyecto de ley que busca indultar a los denominados “presos del estallido”.

 

La encuesta desarrollada por la Multigremial Nacional también mostró que un 82% considera que el proyecto podría generar un clima de polarización y violencia en el país.

 

“Creemos que los resultados de nuestra encuesta a más de 2.000 emprendedores son elocuentes. Casi el 90% de las pymes declaró no estar de acuerdo con el proyecto de ley que busca indultar a los detenidos del estallido social, dejándole en claro al Senado de la República que esta iniciativa es una burla para aquellos miles de pequeños locatarios que lo perdieron todo con los saqueos y destrozos que han ocurrido desde el 18 de octubre de 2019”, aseguró Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional.

 

Sobre el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante el denominado estallido social, un 86,7% lo tildó de “Muy malo o Malo”, un 6,3% lo catalogó como “Bueno o Muy bueno” y 4,7% indicó que fue “Neutro”. En tanto un 91,4% de los emprendedores consultados señalaron que las Mipymes deben ser indemnizadas por los daños sufridos durante el estallido.

 

“Esperamos que también los candidatos presidenciales transparenten su postura al respecto, especialmente la senadora Yasna Provoste, que propició este proyecto y el diputado Gabriel Boric, que en su momento se abstuvo de votar en la misiva que busca indemnizar a las mipymes que resultaron destruidas”, sentenció Swett.

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