La idea es permitir que los pequeños empresarios que han visto afectadas sus utilidades producto de la pandemia, puedan acceder a créditos pese a ser deudores.
Los integrantes de la Comisión de Economía comenzaron el estudio del proyecto iniciado en moción de los senadores Francisco Chahuán, Carmen Gloria Aravena, Ximena Rincón, Álvaro Elizalde y Felipe Harboe, que modifica la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, para establecer la disposición excepcional que señala.
La intención es que las bases de datos no puedan informar las deudas de los morosos a las entidades financieras, todo con el fin de permitir que los pequeños empresarios que han visto afectadas sus utilidades producto de la pandemia, puedan acceder a créditos bancarios y, por tanto, reactivar sus inversiones.
En ese sentido, la disposición legal que se busca aprobar establece que “no podrán informarse los compromisos adquiridos antes del 1 de abril de 2020 y que se encuentren impagos, y siempre que la deuda no supere los 10 millones de pesos”.
Al respecto, el presidente de la Comisión, el senador Harboe, aclaró que “la intención es impedir la entrega de información, pero en ningún caso eliminar esos datos. Las instituciones que manejan dichos registros como Equifax y otros, es claro que van a estar en contra de este proyecto, pero lo importante es que se trata de apoyar el emprendimiento en esta crisis”.
El presidente del Consejo la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, comentó que “contar con información crediticia oportuna tiene efectos positivos porque mejora el acceso al crédito al permitir que las instituciones financieras puedan identificar a buenos pagadores. Sabemos que el Ejecutivo está generando una base consolidada de deudas y es un anhelo que tenemos por años, pero mientras tanto se debe recurrir a las bases de datos que operen empresas”.
Cortez reconoció los efectos negativos de la norma. “Creemos que este cambio podría hacer más complejo el acceso al crédito, porque las instituciones que los otorgan podrían actuar con mayor aversión al riesgo. También podría afectar de manera importante los incentivos al pago y generar más sobreendeudamiento”.
Según las cifras que maneja la CMF, a junio del 2020, considerando deudas por créditos de consumo, hipotecarios y comerciales, cuyos acreedores son los bancos y las cooperativas, y la morosidad que va desde un día a años, existen 7.300.000 deudores. De éstos, 2.600.000 tienen la condición de morosos y de éstos, 1.800.000 podrían acogerse a esta ley, es decir, no se informaría su estado de deuda vigente.