El asesor de la Comisión de Probidad, Francisco Agüero, dijo en Emprendidos que a diferencia de otros países, en Chile un particular no puede preguntar en qué se gastó una beca del Estado.
Francisco Agüero, Director del Centro de Regulación y Competencia de la Universidad de Chile, y a su vez, asesor de la Comisión de Probidad por el caso Democracia Viva, fue entrevistado por Carla Ballero en nuestro programa matinal Emprendidos.
El experto afirmó que, actualmente, existe poco control en los traspasos de dinero desde el Estado a particulares, como son las fundaciones. Ello, a diferencia de, por ejemplo, lo que hoy ocurre en las universidades. “Yo trabajo en la Universidad de Chile y tenemos a la Contraloría General de la República encima, además de la Contraloría universitaria, obligaciones de transparencia, entre otras cosas más”.
Asimismo, Agüero advirtió que la Ley de Presupuesto ha crecido mucho, de 100 a 1.000 páginas en Chile, “debemos poner ojo porque son nuestros dineros que serán ocupados a lo largo del año por el Estado. Allí se pueden ver también las variadas glosas, que son una forma para lograr la excepción a la regla en gastos, y salir del control necesario lamentablemente”.
Por lo mismo, el asesor de la Comisión de Probidad, manifestó que ante procesos como la Reforma Tributaria, es importante que igualmente los ciudadanos miremos de cerca que los dineros sean bien gastados por el Estado y cuánto se transfiere a particulares, entre otras cosas.
“Si en otros países recibo beca del Estado, un particular puede preguntar en qué gasté, en Chile no lo tenemos como posibilidad, es difícil seguir la huella del dinero en nuestro país”, aseguró el Director del Centro de Regulación y Competencia.
Con todo, señaló que está confiado en que las propuestas que presentarán serán aplicadas: “El Presidente Boric nos puso su voluntad, el que estén siendo afectados partidos cercanos al Gobierno, ayuda a la celeridad y eso es bueno”.
La Comisión de Probidad tiene un plazo de 45 días, que se cumple el 26 de agosto, para plantear una serie de modificaciones para mejores prácticas en el Estado y de este modo, intentar recomponer la confianza de la ciudadanía en la política.