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Economía

Preocupante: 705.000 adultos mayores tienen morosidad financiera en Chile

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Un estudio de Chiledeudas.cl, además, advierte que cerca de 100.000 ancianos con Pensión Básica Solidaria tienen morosidad financiera, que representa siete veces sus ingresos mensuales.

De acuerdo con un análisis de Chiledeudas.cl, cerca de 100.000 adultos mayores en el país, que tienen una Pensión Básica Solidaria que apenas ronda entre los $158.000 y $169.000 al mes, están en la categoría de morosidad, con incumplimientos financieros que, en estos casos, registran en promedio poco más de $1 millón, siete veces más que sus ingresos, una situación alarmante.

Y esta cruda realidad es también abordada en el Informe de Deuda Morosa que realizan Universidad San Sebastián y Equifax. Allí, se muestra que 705.000 adultos mayores en Chile cuentan con incumplimientos financieros a junio de este año, siendo 459.000 personas del rango de edad de 60 a 69 años, mientras que 246.000 ancianos superan los 70 años.

“Esto representa una baja de la morosidad en los adultos mayores, principalmente por efecto de los bonos gubernamentales y retiros de dineros de fondos de pensiones. A junio de 2020, los ancianos con incumplimientos financieros llegaban a 739.000, con lo que en un año la caída de esta categoría fue de 34.000 personas”, detalla el director de Chiledeudas.cl, Guillermo Figueroa.

Si se considera la población nacional de adultos mayores, da a conocer el experto en endeudamiento responsable, aproximadamente el 22% de los ancianos se encuentra en morosidad financiera hoy, cifra que se ha comportado de forma expansiva en los últimos años. Esto se comprueba en que más del 40% de los casos que ingresan a Chiledeudas.cl solicitando defensoría, implican a gente que es de la tercera edad.

Tomando en cuenta a la población chilena de 60 a 69 años, el monto promedio de su mora es de $2 millones, lo que representa una inquietante cifra de 3,7 veces sus ingresos mensuales que alcanzan también en promedio los $538.000.

Luego, en el grupo nacional de 70 años y más, el monto promedio de mora es de $1,6 millones, lo que significa 3,7 veces sus ingresos mensuales, que registran también en promedio $421.000. “Es de suponer que la gente de tercera edad disfrute de haber trabajado toda la vida, pero está claro que 1 de cada 5 ancianos la pasan bastante mal”, afirma Figueroa.

“El problema es que pueden existir más adultos mayores con morosidad en Chile, si es que se lograra medir la cantidad de ancianos con endeudamiento informal, el cual es peligroso ya que la gente se expone, por su desesperación, a estafas o incluso, a ser indirectamente parte de redes de lavado de dinero. Por eso, llamamos a que se mejoren las políticas financieras respecto a la tercera edad en el país, lo que es un tema pendiente”, asegura el director de Chiledeudas.cl.

Economía

Inician estudio que facultará a Enap para distribuir y comercializar gas licuado

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Enap vende en San Fernando el kilo de gas licuado a 556 pesos en invierno, pero luego, se compra tres veces más caro por parte de la ciudadanía, por la falta de competitividad del mercado.

 

La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados inició la discusión de un proyecto, originado en moción, que autoriza a la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) para distribuir y comercializar, a consumidores finales, gas licuado de petróleo y gas natural.

 

La idea matiz de la iniciativa propone que la distribución sea a nivel mayorista o minorista. Su comercialización, en tanto, se realizaría a todo consumidor final. Bajo tal idea, Enap podría intervenir el mercado de la distribución del gas a nivel nacional, en todos sus niveles, como nuevo competidor. Ello, se espera, generaría mejores condiciones de competencia que permitan una disminución en el precio de venta del gas.

 

La instancia recibió al autor principal de la iniciativa, diputado Gastón Saavedra (PS). Este indicó que el proyecto surgió al conocer los resultados del informe que realizó la Fiscalía Nacional Económica (FNE), donde indicó los graves problemas de competitividad que tiene este mercado.

 

Señaló que es una situación que afecta al 80 % de las familias que usan cilindros de gas y al 20% adscrita a las redes de cañería. En este plano, sostuvo que “no hay una competencia real”.

 

Comunicó que la Enap vende en San Fernando el kilo de gas licuado a 556 pesos, en invierno, que, luego, se adquiere tres veces más caro por la ciudadanía. “Nos parece que el tratamiento de este proyecto contribuiría a un elemento de justicia y de beneficio social”.

 

Para continuar con este debate, el presidente de la instancia, diputado Esteban Velásquez (FRV), informó que invitarán al ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet. Además, asistirían el presidente del Sindicato de la Enap Petrox, Iván Montes, y el gerente general de la empresa, Andrés Roccatagliata.

 

Fundamentos del proyecto

 

En sus fundamentos, los autores de la moción aluden a la regulación actual de la industria del gas. Exponen que la Constitución establece que corresponde al Estado el dominio, absoluto e imprescriptible, de todas las minas. Ello comprende los depósitos de hidrocarburos y las demás sustancias fósiles.

 

Asimismo, señala que es la ley la que determinará aquellas sustancias que podrán ser objeto de concesiones de exploración. Ante ello, precisa que los beneficios de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión, pueden ejecutarse directamente por el Estado y sus empresas. De igual modo, pueden desarrollarse por medio de concesiones administrativas o contratos especiales de operación.

 

Enseguida, puntualiza que la iniciativa se funda en la disposición constitucional relativa a Estado empresario. Ella establece que este y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales sÓlo si una ley de quórum calificado los autoriza. Sobre el punto, recordar que esto implica la aprobación de la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio.

 

Finalmente, sostiene que, por esta vía, se podrá otorgar un servicio de gas domiciliario que impida la coordinación entre oferentes privados u otras distorsiones en el mercado.

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Economía

Acusan que nueva alcaldesa de Santiago ha perjudicado a los emprendedores

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Foto: Marcos Rivas, presidente de la Asech.

Marcos Rivas, presidente de la Asech, afirmó que el otorgamiento de patentes para el comercio ambulante y el cambio de Lollapalooza, van en contra del desarrollo de las Pymes.

La Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) se fue en contra del Municipio de Santiago, denunciando que la nueva administración encabezada por Irací Hassler, ha realizado diversas acciones que han perjudicado a los emprendedores y las empresas de menor tamaño.

“Creemos que se han sucedido una serie de hechos desafortunados para el mundo emprendedor y las pymes. Primero, cuando se anunció en su minuto el otorgamiento de patentes para el comercio ambulante que va en detrimento de la formalización, que es el camino correcto. Segundo, con el caso Lollapalooza que pone en jaque 9 mil puestos de trabajo de una industria que no opera hace dos años. A eso se suma lo afectado que está el comercio minorista del centro y barrio Lastarria por los saqueos y actos de violencia”.

“Y ahora, lo ocurrido con los Chinchineros que fueron segregados porque el espacio habitual que ocupan está tomado por los ambulantes. Así no hay cómo levantar a las Pymes. Quién se hace cargo de todo esto”, señaló Marcos Rivas, presidente de Asech.

Además, Rivas agregó que “estamos muy preocupados porque en términos de responsabilidad administrativa vemos una falencia. Nos llama la atención que para algunos casos se haga consulta ciudadana y para otros no, transfiriéndole esa responsabilidad a la ciudadanía en algunas ocasiones. Por ejemplo, se pensó en hacer consulta ciudadana cuando se anunció el entregar patentes provisorias al comercio ambulante”.

“Tuvieron opción de decir algo los vecinos y el comercio establecido. Se consulta cuando se realizan marchas y los comerciantes ven afectados sus negocios. Seamos claros y propiciemos políticas en favor del emprendiendo y no en contra”.

Finalmente, en Asech se manifestaron sorprendidos en términos de cultura y patrimonio, al poner en riesgo el Lollapalooza, que genera 9 mil puestos de trabajo y que apalanca a 70 ONG´s, emprendimientos y fundaciones. Y luego, limitando y exiliando al olvido a los chinchineros.

“Nos ponemos a disposición de la alcaldía para ayudar en materia de comercio, emprendimiento, de barrios afectados y de cómo impulsar a las Pymes en una región clave para el mismo. Debemos ser promotores del emprendimiento y del fortalecimiento de las empresas de menor tamaño y esperamos que juntos con la autoridad, la sociedad civil, las empresas y el ecosistema emprendedor todos rememos en la misma dirección”, acotó Rivas.

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Economía

Encuesta: 90% de las pymes rechazan indulto a presos del estallido social

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Un estudio de la Multigremial Nacional mostró que 91,4% de los emprendedores afirman que las pequeñas y medianas compañías deben ser indemnizadas por daños sufridos en estallido social.

 

Un 90% de los gremios, pymes y emprendedores de todo Chile no está de acuerdo con el proyecto de ley que busca indultar a los denominados “presos del estallido”.

 

La encuesta desarrollada por la Multigremial Nacional también mostró que un 82% considera que el proyecto podría generar un clima de polarización y violencia en el país.

 

“Creemos que los resultados de nuestra encuesta a más de 2.000 emprendedores son elocuentes. Casi el 90% de las pymes declaró no estar de acuerdo con el proyecto de ley que busca indultar a los detenidos del estallido social, dejándole en claro al Senado de la República que esta iniciativa es una burla para aquellos miles de pequeños locatarios que lo perdieron todo con los saqueos y destrozos que han ocurrido desde el 18 de octubre de 2019”, aseguró Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional.

 

Sobre el rol del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante el denominado estallido social, un 86,7% lo tildó de “Muy malo o Malo”, un 6,3% lo catalogó como “Bueno o Muy bueno” y 4,7% indicó que fue “Neutro”. En tanto un 91,4% de los emprendedores consultados señalaron que las Mipymes deben ser indemnizadas por los daños sufridos durante el estallido.

 

“Esperamos que también los candidatos presidenciales transparenten su postura al respecto, especialmente la senadora Yasna Provoste, que propició este proyecto y el diputado Gabriel Boric, que en su momento se abstuvo de votar en la misiva que busca indemnizar a las mipymes que resultaron destruidas”, sentenció Swett.

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